En busca de la legitimidad perdida

En busca del proverbial clavo ardiente, los prohombres y promujeres del PSE-EE se afanan estos días en pasarse a sí mismos la prueba del algodón a partir de la ratificación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna.

Lo tienen fácil. Si lo que desean es ventilar de un plumazo la influencia directa que la Ley de Partidos ha tenido a la hora de allanar la llegada de don Francisco a Ajuria Enea, la mayoría parlamentaria con que cuenta el PPSOE en la cámara de Gasteiz va a permitirles una declaración en ese sentido a poco que se esfuercen en ponerse de acuerdo las dos caras de la moneda unionista (pero “no nacionalista”).

Claro, que tal vez durante el debate de la moción de marras, López, Basagoiti y sus correligionarios escuchen una serie de cosas que no les apetece demasiado oír. Y esos argumentos tal vez incluso acaben aireados en la ETB, o en la prensa no afín o, imagínense, incluso sean repetidos hasta la saciedad en el ciberespacio.

Servidor, a diferencia de la inmensa mayoría de los opinadores a sueldo, se leyó en su momento la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y resulta que la sentencia del TEDH indica bien claramente en sus considerandos 75 y 76 dos aspectos que diversos consejeros del gobierno vasco, entre otros, ha pasado por alto, bien por desconocimiento, bien por desinterés, bien por falta de familiaridad con la aplicación de las leyes:

Uno, que la sentencia no entra a apreciar en todos y cada uno de los casos de la aplicación de la Ley de Partidos si ésta se realiza “de buena fe, justificadamente y de manera razonable”, sino únicamente la adecuación de estas medidas al articulo 11 (Libertad de reunión y de asociación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. (75)

Dos, el TEDH se expresa en estos términos (traducción propia): “una de las principales características de la democracia reside en la posibilidad que ofrece de debatir por medio del diálogo y sin recurso a la violencia sobre cuestiones planteadas por distintas corrientes de opinión política, y todo ello aunque molesten o preocupen. La democracia se nutre en efecto de la libertad de expresión”. (76)

Y, un poco mas adelante (79), se nos recuerda que “el Tribunal se siente en el deber recordar también que un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones: (1) los medios utilizados a tal efecto deben ser a todos los efectos legales y democráticos; (2) el propio cambio propuesto debe ser compatible con los principios democráticos fundamentales”.

Algo que no solo se contradice abiertamente con las manifestaciones del ministro Rubalcaba cuando afirmaba que la IA no estaría en las instituciones “ni siquiera aunque rechazara la violencia”, sino también con la practica pseudodemocrática del Estado español que permite, a veces, debatir sobre determinados planteamientos políticos… siempre y cuando devenga imposible, por los medios que sea, ponerlos en práctica.

Por mi parte, no sólo convengo en que esta sentencia supone un paso atrás, y que va contra los derechos básicos. También opino que la parte recurrente hizo en su momento, y antes, y después, todo lo posible por perder el recurso y por dotar de argumentos al Estado español.

Ahora bien, todo ello no cambia la futilidad del intento por lograr esa pátina de legitimidad de la que carece el gobierno de López. Porque se mire como se mire y se cuenten los escaños como se cuenten, y citando de nuevo en esta web a Iñaki Iriondo: “Los parlamentarios que en la investidura apoyaron a Juan José Ibarretxe como lehendakari representaban a 500.312 votantes; los que se inclinaron por Patxi López, a 486.493. Que 500.312 son más que 486.493 no es un invento nacionalista. Son matemáticas.”

Y eso, lo mismo que lo de que López no es ingeniero, es indiscutible.