En torno al STEDH

Garruze
JUEGO POLITICO INUTIL EN TORNO A LA STEDH\2009\70: CASO HERRI BATASUNA Y BATASUNA CONTRA ESPAÑA.

El mensaje de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se puede sintetizar, a nuestro juicio, en que en un sistema democrático todas las opiniones y proyectos políticos son defendibles, incluso aquellos que chocan, inquietan u ofenden, pero no todos los métodos son considerados legítimos ni democráticos en la consecución de objetivos políticos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) no ampara el uso de la fuerza para el logro de objetivos políticos.

La sentencia en uno de sus apartados señala que un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio de legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado, con dos condiciones: (1) los medios utilizados a este efecto deben ser, desde todos los puntos de vista legales y democráticos; (2) el cambio propuesto deberá ser compatible con los principios democráticos fundamentales. De ello se desprende necesariamente que un proyecto político cuyos responsables induzcan al recurso a la violencia o propongan un proyecto político que no respete una o más reglas de la democracia o persiga su destrucción y la vulneración de los derechos y libertades que ésta reconoce, no puede invocar la protección del Convenio contra las sanciones impuestas por estos motivos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha entrado a analizar la legitimidad o no de los objetivos que persigue Batasuna, esto es, la independencia y socialismo para Euskal Herria. Únicamente se ha pronunciado sobre los medios, entre los que ha pesado indudablemente que ETA realiza acciones armadas por las que hay personas que pierden la vida o sufren graves vulneraciones en sus derechos fundamentales (lesiones, secuestros, coacciones…).

Existe otra parte de la película como son las acciones del Estado Español y Francés que también vulneran los derechos de los ciudadanos vascos junto con una larga historia en la que Euskal Herria y sus habitantes han sufrido graves vejaciones tales como ejecuciones, secuestros, torturas, acciones represivas contra las personas que profesan ideas nacionalistas y otras más sutiles pero que han impedido e impiden actualmente que los habitantes de Euskal Herria puedan decidir su futuro sin injerencias externas. Entre las últimas y más graves la encarcelación de cinco dirigentes políticos que trabajan precisamente por adecuarse al modo de hacer política que la sentencia de Estrasburgo reclama.

Ciertamente, nos hallamos en el siglo XXI dentro de una Europa que se halla en proceso de integración económica y política. Este es el marco de juego actual y donde todos –soberanistas vascos y unionistas españoles- hemos de respetarnos mutuamente y configurar un marco de convivencia que respete las reglas democráticas.

En la Sentencia de Estrasburgo ha primado sin duda una visión metodológica del conflicto que sufre Euskal Herria, pero también es importante destacar –y desde las fuerzas políticas que jalean tanto la bonanza de esta sentencia no se hace referencia alguna a la cuestión- que la doctrina que está aplicando la sentencia tiene carácter extremadamente excepcional y que su doctrina en una situación de ausencia de violencia es precisamente que «un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio de legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado» siempre que utilice medios democráticos y no violentos, donde no cabría la ilegalización de partidos políticos.

Pues bien, la sociedad vasca con toda su complejidad está exigiendo de la clase política soluciones que articulen la convivencia entre los distintos proyectos políticos para Euskal Herria (independencia o subordinación estatal). Como un conocido jurista catalán señalaba no hace mucho, muchas veces lo importante ante los problemas no es lograr su solución sino que se encuentren debidamente encauzado, ya que ello facilitará encontrar aquella.

La utilización por los representantes socialistas de la sentencia de Estrasburgo en el Parlamento Vasco de Gasteiz no aporta nada nuevo en el encauzamiento del conflicto de convivencia que sufrimos. Unicamente persigue legitimar su llegada al poder gracias a una mayoría distorsionada fruto de las circunstancias especiales de las últimas elecciones al Parlamento en las que parte de la ciudadanía no pudo votar a su opción política. Espero que los partidos políticos soberanistas en el debate promovido por el PSE en el Parlamento Vasco de Gasteiz logren sacar a la luz el carácter extraordinario del fallo de la sentencia y que en el momento en que desaparezca el método violento de reivindicación política, la doctrina de la Sala nos amparará en la reclamación de un marco democrático para Euskal Herria basado en el derecho a decidir y en la legitimidad de la construcción nacional, aunque a muchos unionistas les «choque inquiete u ofenda».

Es responsabilidad de todos los agentes políticos dar una salida a la convivencia y realizar propuestas eficaces para el logro del nuevo marco democrático para Euskal Herria. Ello implica para los agentes soberanistas abertzales (políticos, sindicales y sociales) buscar un modelo de actividad política que se adecue a los parámetros del Convenio Europeo de Derechos Humanos, junto con un cambio de valores y de actitudes políticas que en lugar de la atomización y la desconfianza mutua pase a facilitar un marco de colaboración y cooperación mutua en la consecución de unos objetivos comunes. Por otro lado, obliga a los grupos políticos, sindicales y sociales unionistas a dejar de plantear iniciativas inútiles y hacer frente a la realidad socio-política que pretenden gobernar. Esconder los problemas debajo de la alfombra no lleva a ningún sitio y además con el tiempo pasa factura.