En realidad no: no queremos el estatuto (sobre el Estatut en sí, que se pronuncien los catalanes… si les dejan, o si sirve de algo lo que puedan opinar). Al menos servidor considera que, aun estando en el origen de la relativa prosperidad y limitados derechos culturales que disfrutamos los vascos al sur de los Pirineos, el modelo estatutario español es un modelo caduco, agotado y que no ofrece las suficientes garantías democráticas.
Y es que el modelo autonómico español adolece de los efectos de varios pecados originales:
Uno, que a los padres de la patria, durante la modélica transición, les pareció menos problemático aunar descentralización y problema nacional (el encaje de Euskadi y Catalunya dentro de España) generalizando el modelo autonómico para todo el Estado, que afrontar efectivamente y de una vez por todas ese problema nacional. Efectivamente, ese mismo problema que según algunos, simplemente no existe porque no hay mas nación que la española. Y, desde luego, bajo un techo competencial a la altura del mínimo denominador común.
Dos, que en todo caso la llave del reparto competencial quedaba sujeta al triple control estatal del poder ejecutivo (que determina el ritmo de las trasferencias a las CCAA según le parece mas apropiado, sin estar sujeto a control alguno, y ejercer en el ámbito comunitario las competencias, incluso exclusivas, de las CCAA), legislativo (que determina en cada momento las leyes armonizadoras apropiadas para rebajar los techos competenciales molestos y cepilla según sea conveniente los nuevos proyectos de estatutos) y judicial (que interpreta dichos estatutos según parezca más adecuado para que no rebasen los sacrosantos limites de la constitución española). Todo de manera muy central, muy legítima, muy legal y nada nacionalista.
Tres, en todo caso, y por si fallara lo anterior, ahí queda siempre la ultima ratio regum, el artículo 8.1 de la constitución española: las fuerzas armadas como garantes de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional estatal. Por si hubiera alguna duda.
En el trasfondo de todo ello tenemos un nacionalismo español (que, asimismo, no existe, tratándose en todo caso de mero “patriotismo” u “orgullo nacional”) incapaz de coexistir en el mismo espacio con otras realidades culturales o políticas que no acepten su supremacía. No hay, ni puede haber, otra identidad que la española. No hay, ni puede haber, otra nación que la española. No hay, ni puede haber, otro sujeto del que emane legitimidad que… Efectivamente.
La sentencia de ayer sobre la constitucionalidad del Estatut deja bien claros todos estos aspectos. El primero de ellos, que desde luego, el Estado español se enfrenta no a uno, sino al menos a dos problemas políticos de primer orden, el catalán y el vasco, y el primero de ellos se da nada más y nada menos que… en ausencia de violencia. Otro aspecto que queda claro es que el Estado español es intolerante y practica el identitarismo excluyente. Para concluir, el Tribunal Constitucional recalca en su sentencia “la indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución” y deja claro, por si hubiera alguna duda, que España no es un Estado democrático.
Va siendo hora de concretar ese “Good bye, Spain”. Motivos no faltan.
Arabatik 
¡¡Cuando el estatut del vecino veas pelar pon tu estado independiente a caminar!!!
le habra tocado los guepss esto a algun catalan de la seleccion española? me pregunto…
NO VOLEM SRE UNA REGIO DE ESPAÑA
NO VOLEM SER UN PAIS OCUPAT
VOLEM, VOLEM, VOLEM LA INDEPENDENCIA
VOLEM, VOLEM VOLEM PAISOS CATALANS!!!
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
este acuerdo lo firmó el Estado español en julio de 1977.
ains si se hubiese seguido con Lizarra-Garazi, ains si la IA hubiese tenido inteligencia, visión de futuro. Podíamos estar ahora mismo (buen momento, crisis, estados cuestionados, N.VA flamenco presidiendo la UE, etc) presionando al estado español, los vascos y catalanes desde la calle sí, pero también en Parlamentos e instituciones, ya esto es lo que verdaderamente aterra a mayoresorejas y patxilopeces.
Es interesante ver el tema desde la prensa de aquí. La prensa y la gente están en bastante sintonía. Incluso desde la Vanguardia, que se supone que sería más conservadora, la prensa está del lado del país, del lado de su autogobierno, y en contra de la imposición desde Madrid.
Ya podría la prensa unionista vasca aprender de catalunya… antes de que la gente se canse de sus mentiras y se queden sin lectores.
Por cierto. ¿Ande estan a quellos transversales que ponian el modelo del estatu como ejemplo frente al derecho a decidir?
Me estoy acordando de un quimico que hizo campaña a su favor en contra de lo acordado por la direccion de su partido.
sacó buen premio.
Considero que uno de los aspectos más graves que plantea la sentencia, sin perjuicio de su analisis más sosegado una vez se publique integramente, es la deslegitimación del sistema político autonómico que la sentencia conlleva.
De hecho España permite que unos pocos jueces puedan echar al trastre toda una labor política de alto calado, como fue la tramitación parlamentaria del Estatut, tanto en Cataluña como ante el propio Parlamento Español y el refrendo popular al que fue sometido el texto. Todo ello sobre una única razón: la soberanía española, única e indisoluble, que prevalece una y otra vez sobre otros principios y valores que debieran ser basamento de la convivencia, como son el autogobierno de sus pueblos, la libertad de sus ciudadanos que no comparten el proyecto español…
Para que tanta labor jurídica y tanto esfuerzo político, entonces?
La política así como los compromisos y acuerdos que sean fruto de la misma deben ser el instrumento básico y fundamental de una democracia. En España, sin embargo, unos «guardianes» de la soberanía suprema pueden anular todos aquellos acuerdos y compromisos políticos que tanto constaron lograr y declararlos sin más inconstitucionales.
Las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales tocan la línea de flotación sobre la que se baso la reforma y el enorme esfuerzo jurídico que se realizó para su elaboración.
¿Dónde queda la legitimidad de los políticos españoles? ¿Cómo nos vamos a fiar de su palabra, si luego permiten que unos jueces les desautoricen?
Comparto las reflexiones que nos vienen desde Cataluña, que no queda otra vía que la independencia. Una reflexión a la que en Euskal Herria todavía no hemos conseguido el necesario consenso de partida.
Incluso consensuado el objetivo, es necesario articularlo, sobre verdaderos ámbitos de confianza internos y hay que articular una estrategia con la suficiente intelegencia que nos permita ser escuchados en Europa, sabiendo que no va a ser un camino fácil y que seguramente tendremos que compartir parte del camino con los catalanes y otros pueblos de Europa.
Esta vía no debe de articularse sobre criterios maximalistas, sino todo lo contrario a mi juicio. Debe guiarse por el principio de flexibilidad y resultar atrayente para la población. Lo que nos lleva a tener que trabajar por un discurso claro del por qué necesitamos la independencia.
Nos tiene que permitir en línea con la estrategia independentista progresiva seguida por Flandes, ir legitimando el proyecto independentista con las acciones y propuestas que vayamos realizando e ir ofreciendo soluciones reales y eficaces a los problemas de Euskal Herria, en su conjunto.
Vías pueden existir, pero debemos lograr previamente un consenso de mínimos entre las fuerzas abertzales, que hagan de motor del proyecto, sin perjuicio de que esté abierto a otras sensibilidades que se puedan ir integrando progresivamente.
¿Cuándo empezamos?