La trama Bengoa del “Caso Margüello”

No hay día sin entrega sobre algún caso de supuesta corrupción o de actuaciones “no del todo lícitas” que afectan al PNV y a sus principales candidaos en el 2011. El caso De Miguel es el preferido de los medios españoles, y no hay día en que no nos ofrezcan alguna noticia al respecto, que casi siempre repite los mismos datos y hechos, sean estos ciertos o no. ¿Porqué? El objetivo principal, salta a la vista, es el PNV, el debilitar  a sus candidatos ante la siguiente cita electoral. Con el caso alavés aún en cabecera, hemos pasado (han pasado/recuperado, cabría decir) al caso Margüello, cuyo objetivo es, exclusivamente, Iñaki Azkuna, y por colateralidad manifiesta, el PNV. Sorprende que los socialistas consideren el asunto de los 32.000.000 de euros adjudicados por Odón Elorza –sin ningún tipo de concurso- a FCC y Galant sea sólo un error, aunque serio, y lo comparen con el caso Margüello afirmando que “aquí no ha habido cazo”. Para echar luz sobre estos supuestos casos procede detenernos en uno de ellos (Margüello), e interrogarnos: ¿Quién lo ha orientado y dirigido? ¿Con qué intención? ¿Ha habido manipulación? ¿Cuál ha sido su evolucón desde que surgió? ¿Podemos hablar más de “TRAMA BENGOA” que de “CASO MARGÜELLO”?

Todo comienza con la participación del periódico El Mundo, que recoge y magnifica los rumores que se propagan desde el PP en relación a unas contrataciones con determinadas empresas relacionadas con el Dr. Margüello.

El incumplimiento estaría relacionado, según las noticias aparecidas, en la supuesta vinculación de tres médicos de Osakidetza con importantes cargos en la administración de algunas de las empresas contratadas. Siguen saliendo filtraciones y, entre mayo y julio, se acusa públicamente de que los tres médicos citados incumplen la legislación de incompatibilidades por ocupar importantes cargos en empresas concertadas por Sanidad (El Mundo, 2 de julio); que esas empresas carecen de las preceptivas autorizaciones sanitarias (El Mundo, 25 de junio); evitar la libre concurrencia (El Mundo, 24 de mayo); que las adjudicaciones se habían dado en época del Consejero Gabriel Inclán (como si fueran exnovo) (El Mundo, 11 de mayo) y de quebranto para las arcas públicas por un “montaje” de altos cargos de Osakidetza (El Mundo, 2 de julio).

Para completar políticamente esta campaña mediática, el 13 de mayo Patxi López declara en su primera rueda de prensa como Lehendakari que “aclararán todo” y, consecuentemente, el 18 de mayo el Consejero de Sanidad y Consumo ordena la apertura de un Expediente Informativo para recabar la información en relación a la adecuación a la legalidad de la contratación de las empresas que aparecían citadas en el diario El Mundo.

Así, el Expediente Informativo que organiza Bengoa comienza nombrando a un Instructor (Xabier Elexpe) y una secretaria (Cristina Rodrigo) a los que encomienda un trabajo teóricamente interno. Estos Instructores nunca dieron trámite de audiencia a los afectados –es por tanto un expediente que arranca viciado administrativamente por no dar audiencia- y, lógicamente, la primera consecuencia es que el 1 de julio se dicta un Informe provisional que, convenientemente para lo que buscaba Bengoa, concluyó que había serias irregularidades en las contrataciones investigadas.

Este Expediente Informativo de 1 de julio 2009  estuvo colgado en la página web de El Mundo antes de que le fuera entregado a nadie más. Es más, cuando El Mundo tuvo que rectificar alguna información por ser tan aplastantes las pruebas de su error, lo hizo justificándose en que la suya había sido una “información oficial” (7 de julio 2009), una información que nadie más tenía. Además, Bengoa da una rueda de prensa el mismo 1 de julio para escenificar el “fraude”, basándose en ese informe teóricamente interno y provisional. Además, entre mayo y julio siguieron publicándose informaciones acusatorias convenientemente filtradas a la prensa.

En ese marco, Bengoa pide por primera vez un informe al Departamento de Justicia para que le confirme si había materia suficiente para acudir a la vía judicial y, el 22 de julio 2009, Justicia recomienda que «lo más prudente sería esperar a contar con el informe del TVCP para respetar la presunción de inocencia de los denunciados».

En ese intermedio entre el primer Expediente Informativo con errores del 1 de julio y el dictamen del Departamento de Justicia del 22 de julio, el Instructor del expediente, Sr. Elexpe, dados los errores de su informe inicial, hace decenas de correcciones significativas al informe provisional, correcciones que entrega el 13 de julio 2009 al Departamento de Sanidad y Consumo, concretamente al Viceconsejero Fernández, en el que aclaran que: en realidad «los facultativos denunciados no parece que se hallan incursos en las prohibiciones para contratar… enumeradas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» (correcciones de 13 de julio 2009) y que «ser apoderado no es equivalente a tener cargos en las empresas» (Informe Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, febrero 2010). Era ésta la acusación principal que dio pie a todo, y resulta que ya el 13 de julio de 2009 se sabía que era falsa.

Además, frente a la acusación de que las empresas carecían de las preceptivas autorizaciones sanitarias (El Mundo, 25 de junio), los informes dicen que en realidad «No se han encontrado irregularidades dignas de mencionar en las adjudicaciones efectuadas a las empresas». Tenían las autorizaciones sanitarias.

Sin embargo, Bengoa, en su comparecencia de 31 de julio 2009 no dice nada sobre las correcciones al Expediente Informativo entregadas por el Instructor el 13 de julio ni sobre el Informe del Departamento de Justicia desaconsejando recurrir a la vía judicial.

Para mantener su tesis, se siguen solicitando informes, hasta ocho, pero que curiosamente llevan a otras conclusiones:

1) En documentos del propio Departamento de Sanidad se reconoce que hay informes que justifican el incremento de tarifas a Medical Dom.

No sólo eso, sino que el actual equipo directivo en sus documentos de trabajo para sacar un nuevo concurso mantiene las mismas subidas de tarifas que tanto ha criticado. De hecho, y esto es bien llamativo, ya hemos visto que los contratos de Sanidad con Medical Dom, s.l. han sido prorrogados para todo el 2010 en los tres territorios.

2) En cuanto al quebranto económico, disponen de estudios que demuestran que haber cubierto las guardias de urgencia domiciliaria con Medical Dom ha supuesto más de 2.000.000 € de ahorro por año entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Es más, ante la insistencia del Viceconsejero Fernández, en la carta que remite a la Oficina de Control Económico, en el sentido de que “haga una estimación económica de los importes relacionados con las situaciones anómalas”, ésta concluye que «no puede afirmarse la existencia de un perjuicio económico a la Administración».

3) Lo cierto es que, según la propia OCE (Informe 8 octubre 2009), en todos los expedientes de contratación se acredita la capacidad de contratar; en todos existía el informe previo de fiscalización, en ningún caso suspensivo; todas las órdenes de tarifas disponían de su preceptivo informe de control económico-normativo; todos los concursos públicos se publicaron en el BOPV …
Es decir, la OCE no refrenda para nada las situaciones administrativas de contratación irregulares que reflejaba el informe de Sanidad.

4) En cuanto al presunto favorecimiento a las empresas del Dr. Margüello, todos los concursos públicos se publicaron en el BOPV para preservar la igualdad, publicidad y concurrencia de ofertas.
Cuando se hizo el Plan de Reducción de Listas de Espera (a instancias del Parlamento y con una fuerte exigencia de PP y PSE), no fue sólo Gestión de Servicios Sanitarios XXI la que se contrató sino que al menos otras 11 clínicas y servicios sanitarios vieron aumentar notablemente sus conciertos por el procedimiento negociado.
De hecho, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada al Dr. Margüello, absorbió apenas un 3,4% de toda la actividad concertada de Bizkaia (al parecer quienes se llevaron el 96,6% restante no se enriquecían). A esta empresa, como a todas las demás, se le pagó por actividad realizada y a precios oficiales de BOPV.

5) Pero es tan palmario el deseo de Bengoa y de su equipo de hacer ver fraudes donde no los hay que, a pesar de haber sido advertidos en numerosas ocasiones del error, nunca han rectificado la comparación de los 212.000€ destinados a la UTE Gestión XXI, Clínica Indautxu y Rehabilidom en 2007 con los 2.7 MM € de 2008, siendo la primera cifra correspondiente a un mes (menos de 300 procesos) y la segunda a un año (36.000 procesos).

Pero, lo más importante, es que sistemáticamente se “olvidan” de que ese dinero se destinó a realizar actividad sanitaria: en 2008, por ejemplo, casi 2.000 procedimientos de cirugía menor, más de 1.000 de cirugía mayor, pruebas complementarias (1.300 colonoscopias, más de 500 gastroscopias, casi 1.000 ecografías, 537 eco-doppler vascular, radiografías, 1.500 anatomía patológica), más de 8.000 consultas, 17.463 sesiones de rehabilitación, y así hasta 36.000 procedimientos al año, todos ellos especificados mes a mes y pagados a los precios públicos, como a todas las demás empresas concertadas. Vamos, que nadie se quedó los 2,7 millones en el bolsillo porque se gastaron en atender a pacientes.

6) Otra de las presuntas irregularidades hace referencia a la no justificación de recurrir al procedimiento de emergencia en el expediente de concertación con Gestión XXI. Pues bien, pocos meses antes, la propia Oficina de Control Económico había aceptado dicho carácter de emergencia para contratar por la falta de camas por la gripe y que si ahora, a posteriori, no considera esa urgencia para las listas de espera, podría considerarse como una interpretación subjetiva que, en todo caso, tuvo como única consecuencia que se llevara el expediente a convalidar al Consejo de Gobierno, como es indicativo en estos casos. Y completamente legal.
Y, como es lógico, una vez conocida la opinión de la Oficina de Control Económico, se inició la tramitación del correspondiente concurso público renunciando a la vía de emergencia. Algo perfectamente legal y limpio que, sin ir más lejos, el actual Gobierno de Patxi López ha hecho en 56 ocasiones por importe de 20 Millones € en sus diez primeros meses.

Vamos a hacer un pequeño resumen de lo expuesto hasta ahora:

1. Jamás han aclarado que cuando decían que las empresas no tenían autorizaciones sí las tenían;
2. Nunca han corregido el error de comparar la facturación de un mes con la de un año;
3. No ha habido ningún quebranto económico sino que en realidad hay estudios que demuestran que se ahorró dinero (era más de dos millones de euros al año más barato prestar el servicio a precios de la empresa que con medios propios de Osakidetza);
4. Jamás han permitido a los principales “señalados” expresarse en el procedimiento, negándoles el elemental trámite de audiencia;
5. Han tenido que rectificar –siempre en los informes, nunca en la prensa-;
6. No han tenido más remedio que acabar circunscribiendo el “escándalo” a un simple expediente de autorización de funcionamiento, que se hizo además tras meses de consultas y contando con informes jurídicos que lo avalaban, muestra inequívoca de la voluntad que hubo de hacerlo bien.

Ante el derrumbe –uno tras otro- de sus argumentos, el Departamento de Bengoa no termina el informe provisional de 1 de julio 2009 (tal vez para no tener que enseñar las correcciones de 13 de julio) y encarga a la misma secretaria del expediente inicial profusamente corregido (Cristina Rodrigo), la elaboración de un nuevo informe jurídico, el de 20 de octubre 2009, en relación a la Resolución de autorización de funcionamiento de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

Lógicamente, dado el total alineamiento de la letrada con las tesis de Bengoa, el informe encargado concluye que la autorización se dio sin seguir el procedimiento, lo que da pie al Consejero para firmar una Orden de 20 de octubre (¡el mismo día!) para declarar la nulidad de pleno derecho de la anterior Resolución y otra, de 22 de diciembre, que somete a consulta de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) dicha declaración de nulidad de pleno derecho, los cuales se vuelven a filtrar a la prensa antes de que el Parlamente tenga conocimiento de ellos.

Como de su gran escándalo sólo les queda como arma arrojadiza este proceso administrativo de autorización de una empresa, el 25 de noviembre el Viceconsejero Fernández pide a la Viceconsejera de Régimen Jurídico del Departamento de Justicia un segundo informe sobre la procedencia de iniciar cualquier tipo de actuación judicial (recordemos que ya había uno anterior desaconsejando la vía judicial), y el informe jurídico del Departamento de Justicia comienza aclarando que en el expediente remitido por Sanidad «no constan ni alegaciones, ni otros documentos o elementos de juicio, ni propuestas de medios de prueba ni trámites de audiencia ni ninguna otra actuación de ordenación o instrucción subsiguiente por parte del Departamento de Sanidad y Consumo», y dice también que «dado el estado inicial del expediente de revisión de oficio genera serias dudas sobre su valoración». Finalmente, dadas tantas dudas y falta de elementos de juicio, acaba recomendando que se espere a tener más avanzado el expediente de revisión de oficio y al informe preceptivo y vinculante de la Comisión Jurídica Asesora.

Hasta aquí, hemos visto que, por más que lo haya retorcido, a Bengoa no le han salido como él quería ni el primer informe del Instructor Elexpe (corregido ampliamente), ni los del Departamento de Justicia, ni los de la Oficina de Control Económico ni el de la Comisión Jurídica Asesora. En esta tesitura, sólo le quedan dos recursos: la Comisión de Investigación del Parlamento y el Informe especial del Tribunal Vasco de Cuentas.

Una vez más vuelva a suceder la filtración del primer borrador del TVCP (otra vez en El Mundo, 14 de mayo 2010), antes de ser conocido por los afectados, sin que pudieran, por tanto, haber formulado alegaciones y manteniendo una tesis forzada sobre incompatibilidades (contraria a lo sostenido en la Oficina de Control Económico) que supondría la nulidad de decenas de conciertos y contratos que mantiene el actual Departamento de Sanidad, al encontrarse cientos de profesionales y empresas en la misma situación. Habrá que tener en cuenta, por tanto, cuando se haga público el informe definitivo del TVCP, que si mantiene esa tesis de la incompatibilidad de las empresas para contratar –para dar un argumento a Bengoa, ya que la Oficina de Control Económico no se lo ha dado- arremeterá contra la práctica totalidad de los conciertos que el propio Bengoa mantiene en la actualidad.

Por lo que respecta a la Comisión de Investigación creada en el Parlamento, el debate sobre su constitución se llevó a cabo en el mismo caldo de cultivo, con una información sesgada y parcial, cuando no ocultada. En el informe que le remite el pasado mes de febrero 2010 (¡7 meses después!), Bengoa sigue sin mencionar la existencia del informe complementario ni del Departamento de Justicia, como tampoco envía la documentación solicitada por la Comisión, entorpeciendo así la labor aclaratoria que se supone ésta debería ejercer. Y se permite decirle al Parlamento que la documentación que Sanidad ha remitido es suficiente, cuando sólo ha enviado –y tarde, una vez han comparecido ya Bengoa, Fernández y Elexpe- 8 documentos de los 55 solicitados.

Tiene su lógica que lo haya hecho así puesto que, si llega a dar esa información  a su tiempo, tendrían que haber hecho, tanto Bengoa como Fernández, lo mismo que hizo el Instructor Elexpe (diario Deia) en su comparecencia en la Comisión Especial de Investigación el pasado 28 de mayo 2010, esto es, acabar reconociendo que de todas las presuntas irregularidades iniciales, a él sólo le cabía la duda de que pudiese existir una irregularidad administrativa en la concesión de una autorización sanitaria.

Conclusiones:

La Oficina de Control Económico ha dictaminado que no hubo quebranto económico; el Instructor del Expediente Informativo inicial ha reconocido numerosos errores –y graves- en su informe; los dos Informes del Departamento de Justicia aconsejan tener más pruebas y profundizar en el expediente antes de recurrir a la Fiscalía, dada la falta de base para sustentar una pretendida prevaricación; la Comisión Jurídica Asesora nunca ha avalado recurrir a la Justicia por cuanto sólo se pronunció sobre la anulabilidad de un procedimiento administrativo; Osakidetza ha dicho que dos de los tres médicos inicialmente señalados son compatibles; se va viendo que todos sus argumentos acusatorios se han ido derrumbando uno a uno. ¿A qué se deben las prisas de Bengoa por recurrir a la Fiscalía? ¿Por qué no lo hizo desde el principio, como le pidió Inclán para evitar el linchamiento político que han practicado después?

En definitiva, Bengoa (con el apoyo incondicional de PP, PSE y parte de la prensa) está impidiendo la defensa de los afectados, está manipulando los contenidos reales de los numerosos informes que él mismo ha solicitado, ha ocultado información al Parlamento, no le ha remitido en tiempo y forma la documentación solicitada, incide una y otra vez en las mismas mentiras que le interesa difundir, ha atentado contra derechos tan básicos como el de audiencia y el de presunción de inocencia (que, sorprendentemente, el Parlamento no ha reclamado), no ha respetado la indicación del Departamento de Justicia de profundizar en las pruebas antes de recurrir a la Fiscalía, lo ha hecho finalmente con sólo un asunto administrativo menor, ha utilizado a la prensa, al Parlamento, a los Departamentos del Gobierno, al Tribunal Vasco de Cuentas y al Sistema Judicial.