Nación y soberanía, el conzeto

Me confieso poco amigo del metalenguaje jurídico y de los finos análisis de la realidad desde perspectivas politológicas, históricas y/o enrevesadamente legales. Hay días que lo achaco a mis propias limitaciones y otros a mis propias elecciones. Vamos, como casi todo el mundo. Pero es que, en general, tales constructos intelectuales me parecen poco prácticos y escasamente inteligibles para la inmensa mayoría de la población que, por suerte o por desgracia, no son tan leídos como el autor del artículo de turno.

Ahora bien, si me pidieran que resumiese rápida y muy brevemente el mensaje emitido por el Tribunal Constitucional Español en su sentencia sobre el Estatut, me quedaría con un solo elemento de análisis, con “el conzeto”. Con la negativa a aceptar a Catalunya como nación. Por extensión, con la negativa a aceptar, dentro del Estado español, otra nación que la española. Con la definición, en suma, de nación y de soberanía.

El problema, evidentemente, no radica en las definiciones que sobre nación nos ofrece el DRAE (1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 2. f. Territorio de ese país. 3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. …), ni tampoco en que determinada comunidad autónoma “se defina como nación sin efectos jurídicos” en su estatuto, no.

El problema radica en la definición práctica de soberanía, en el  dónde y por quién se toman las decisiones últimas. En que Catalunya y Euskadi sean consideradas como meros ámbitos regionales de la «nación española», la única existente según el no-nacionalismo español. Como meros porcentajes dentro del total de los habitantes del país. Como minoritarias desviaciones políticas dentro del «normalizado» panorama bipartidista y rojigualda. Como simples “nacionalistas” (pronúnciese con tonalidad de escupitajo, dado que ellos, los «normales», no lo son), catetos regionales con sus respectivos campanarios como último horizonte. O como ámbitos propios de decisión.

Las consecuencias prácticas son claras y, de hecho, todo el esperpento que ha rodeado la sentencia del Estatut no podría haberlas aclarado más: Un texto aprobado en el Parlament por el 90% de los representantes de la ciudadanía democráticamente electos, en ausencia de violencia y refrendado en las urnas por esa propia ciudadanía… se ve modificado, recortado, limitado, por la acción «interpretadora» de doce magistrados de un tribunal que deben su elección a, efectivamente, la designación digital por parte del bipartidismo normalizado, rojigualda y no-nacionalista del PPSOE.

(Luego nos reconvendrán diciendo que el único conflicto que existe es el derivado del terrorismo de ETA, como si lo viera… Al menos con los catalanes ese mantra no funciona.)

¿Queda claro donde reside la soberanía? ¿Queda claro quién manda aquí?

¿Queda claro que el único camino es la independencia?