La trama Bengoa del “caso Margüello” (2): Ni el Ararteko se lo cree

Lamarca cree que la tardanza en llevar la imputación de prevaricación a la Fiscalía "plantea dudas razonables" y acusa al Departamento de Bengoa de filtrar información a medios de comunicación.

Deia, 14 de Julio de 2010

Se abren nuevos frentes en el laberíntico proceso abierto por el Departamento de Sanidad para depurar responsabilidades en las contrataciones a empresas privadas durante la pasada legislatura. Pero en esta ocasión es el modus operandi del departamento que dirige el consejero Rafael Bengoa el que está en el ojo del huracán. Una resolución del Ararteko, Iñigo Lamarca, censura la filtración de informaciones de "orden interno" relativas al conocido como caso Margüello y que han acabado publicadas en los medios de comunicación. Pero también lanza un ataque de calado al poner en duda "el grado de contundencia de los indicios de irregularidades existentes", que llevó al departamento a remitirlos a la Fiscalía al percibir una presunta prevaricación.

En su resolución del 5 de julio, colgada en la página web del Ararteko, se responde a la queja planteada por José Ramón Elorriaga, ex director territorial de Sanidad en Bizkaia, a quien el actual departamento acusa de haber prevaricado por conceder en 2006 una autorización de funcionamiento a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Dicha firma, que proveía a centros médicos privados de pacientes procedentes de las listas de espera de Osakidetza, está vinculada al doctor José Carlos Margüello, ex jefe de Calidad del hospital de Cruces.

Viendo el cariz que ha tomado el asunto, después de un año de continuas filtraciones y acusaciones en los medios -las últimas el pasado fin de semana-, Elorriaga presentó ante el Ararteko una queja ante la indefensión que ha sufrido, ya que desde el Gobierno vasco nunca se le ha ofrecido el trámite de audiencia. También mostró su desacuerdo sobre aspectos de las investigaciones y su tratamiento informativo que, en su opinión, afectaron a su derecho al honor y a la presunción de inocencia.

El Defensor del Pueblo hace pública ahora la resolución, eso sí, sin dar la identidad del afectado, como es habitual en sus procedimientos, aunque se refiere sin duda al ex cargo del Departamento de Sanidad.

DIEZ MESES La consideración de más calado de la resolución de Lamarca lleva consigo una carga de profundidad contra el procedimiento abierto contra Elorriaga, sobre el que recaen sospechas de prevaricación, según acusa el actual Gobierno vasco. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estudia en estos momento dicha imputación.

En una de sus conclusiones, el Ararteko estima que "el tiempo transcurrido desde que se aprobó el primero de los informes internos" (julio de 2009) hasta la decisión de remitir finalmente las actuaciones a la fiscalía (mayo de 2010) "plantea dudas razonables sobre el grado de contundencia de los indicios de irregularidades existentes". A su juicio, esta circunstancia "obliga a introducir especiales cautelas a la hora de hacer públicas las noticias sobre el asunto".

En otro momento de la resolución, el Ararteko insiste en que en este caso "se han arrojado dudas sobre el tratamiento informativo que desde las instituciones públicas concernidas se ha dado a las investigaciones". Insiste, por una parte, en que se han ofrecido informaciones basadas en "informes internos y ha ocurrido durante varios meses sin que se haya iniciado ningún proceso" ni administrativo ni judicial contra Elorriaga. Por otra parte, según establece el Ararteko, "se aprecian datos que son indicio de que han existido dudas en cuanto al encuadre de la conducta del interesado en el tipo penal de prevaricación anunciado".

INFORMES INTERNOS La resolución sostiene asimismo en varios párrafos que se trata de "actuaciones de orden interno", tal y como ya lo declaró en la comisión de investigación del Parlamento Vasco, Xabier Elexpe, instructor del informe de Sanidad, que aseguró haber realizado un expediente no definitivo, interno y reservado. "No tiene el carácter de procesamiento finalizado", pese a que así lo asegura el Departamento de Sanidad en una respuesta remitida al Ararteko, "sino que da pie en su caso al inicio de un procesamiento propiamente dicho". Iñigo Lamarca apunta a Sanidad por su responsabilidad de las filtraciones: "Sólo si se ha facilitado la información referida a esas actuaciones se puede comprender que los medios hayan tenido acceso a ellas". El Defensor del Pueblo deja constancia de que los medios de comunicación han publicado desde julio de 2009 numerosos informes internos del Departamento de Sanidad y de la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Departamento de Justicia. Cita que en este tipo de casos "se da un conflicto" entre varios derechos; en concreto, el derecho al honor y al derecho a informar, que requieren una "ponderación". En este sentido, diferencia entre una "aséptica noticia que informa de los hechos de interés" y "una información detallada sobre datos contenidos en informes internos de la administración", y concluye que "no podemos presumir que el derecho a informar está siempre por encima del derecho al honor".

“JUICIO PARALELO” En este punto, el Ararteko establece que, "en una fase prolongada en el tiempo en la que únicamente han existido diligencias, investigaciones e informes internos, donde no ha existido proceso contradictorio ni por tanto existe resolución administrativa ni sentencia condenatoria, la presunción de inocencia y el derecho al honor del interesado -en alusión a José Ramón Elorriaga- deberían haber merecido una mejor protección, limitando la información que se ha facilitado".

La resolución también sostiene que, en una situación en que "las informaciones internas que no han podido ser contrastadas por el imputado, el traslado a la opinión pública de una determinada versión de los hechos puede generar la sensación de que se realiza un juicio paralelo".

Como consecuencia de todo lo anterior, el Ararteko recomienda al Departamento de Sanidad que incorpore "mecanismos de control" para que, al facilitar "la información que se juzgue necesaria para la sociedad por su relevancia pública", palíe la afección a los derechos individuales tanto como sea posible.

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