La Navarra Contestada

Juan Karlos Pérez Alvarez, licenciado en ciencias políticas, especializado en análisis político y relaciones internacionales, y experto en procesos participativos.

Dicen en el estado español que hay una comunidad que fue reino que posee un partido político presuntamente propio que dice que para mantener la propia identidad hay que negar la del vecino con quien tienes mayor relación, y que, en realidad, son señas de identidad propias, porque eso supone el cuestionamiento de la propia realidad como comunidad diferenciada. Y para ello, para evitar que esa supuesta contestación, hay que deshacer toda posibilidad legal que modifique, o, según ese partido, diluya esa realidad … inmutable. Para siempre. Pues, aparte de la comunidad foral, hay más casos…

De toda la vida el estado español tiene un cuestionamiento soterrado a esa forma totalmente arbitraria de gestionar las diferencias, evidentes, entre los territorios que lo componen. Un ejemplo evidente es la falta de interés que hubo en defender la españolidad de la provincia del Sahara, la hoy República Árabe Saharaui Democrática, que tenía carnet de identidad o procuradores a cortes, en el régimen franquista, como podía tenerlo Cuenca o Soria. Y por supuesto, no hay más que mirar al siglo XIX para contemplar las numerosas posibles configuraciones que se pudieron establecer. La propuesta de 1822, por ejemplo, abría la posibilidad a una sola provincia «vascongada», con capital en vitoria (con una «Alava» que incluía Trebiño y partes orientales de Burgos). La de 1833 de Javier de Burgos, que era secretario de estado, y que por su propuesta fue recompensado con un ministerio, no tuvo porqué ser la única. Hubo la «suerte» de que no se logró modificar. Por incapacidad de acuerdo.

Un ejemplo práctico, hoy día soterrado, es el enfrentamiento de Sevilla con Granada. El tema de Andalucía Oriental. No hay, a día de hoy, un enorme movimiento que lo reivindique. A pesar de que esto tuvo un reflejo inesperado en el primer referéndum, de solicitud de estatuto de autonomía para Andalucía, en el que Almería no cumplió con los requisitos de votación, fue cautelarmente suspendido para dicha provincia, y suplido por una votación en la diputación de la misma. Y es que Andalucía Oriental aparece en algún que otro mapa histórico. Cuando, por otro lado, León era una región separada de castilla. Como lo prueba el hecho del emparentamiento lingüístico del asturiano, el leonés y el extremeñu, de norte a sur. La propuesta de reforma de 1847 establecía una «región» llamada «Cantabria» para Araba, Bizkaia, Nafarroa y Gipuzkoa, siendo la propia Cantabria, junto con La Rioja, Soria y Burgos parte de la región de «Burgos», separada de la de «Castilla la Vieja», que incluía a Asturias. La de 1884, de Moret, llama a las 4 provincias «Vascongadas». Asturias incluye a León. Y tanto esta, como la anterior de 1873, como la de 1847, establecen dos andalucías, una occidental, y una oriental. El proyecto de Silvela de 1891 vuelve a llamar «Vascongadas» a las cuatro provincias, unidas. Cantabria y Asturias forman un único ente, llamado «Asturias», y Soria y la Rioja forman parte de «Aragón». Media Salamanca parte de «Extremadura», así como Ciudad Real. Y Albacete y Murcia parte de «Valencia». Cosas de la historia, que está ahí para ser consultada.

Una vez hecho este simple ejercicio histórico, yendo al presente, cabe señalar las dificultades que algunos tuvieron a la hora de crear sus comunidades autónomas. Por citar un par de ellas: Cantabria o La Rioja. Nuestros bien amados vecinos castellanos, esos que entraron en Navarra en 1512, con el duque de Alba al frente (bien amado en los Países Bajos), entre rosas y jazmines a su paso, no aceptaron de buen grado que estos dos territorios quisieran hacer su guiso aparte. El caso de Cantabria es paradigmático. Parafraseando a Winston Churchill, en la historia humana, pocas veces se debió tanto a tan pocos. Y es que a día de hoy mucha gente, y el estatuto de autonomía de Castilla y León así lo refleja, piensa que «Santander» es el puerto de Castilla». Y, supongo», que La Rioja, una de sus despensas. ¿Significa esto que se cuestiona su existencia como comunidades diferenciadas? Yo creo que la conclusión es evidente. Otra cosa es que el PP no haga nada para eliminarlas, porque ve en el entramado autonómico una forma de colocación y de hacer negocios para sus gentes, afiliados, simpatizantes o amigos. Pero el vaciamiento de contenido, incapacidad de gestión y vegetar en las instituciones es algo más que evidente.

Por otro lado, y siguiendo con datos concretos. El Bierzo fue provincia, una vez. Incluso existió la provincia de Calatayud. O la de Xativa. O la de Toro, o Trujillo. Son ejemplos de la distribución territorial del estado español en el pasado, que existieron, que hoy no «existen» oficialmente, pero que algún día tendrán que aflorar de nuevo, porque son elementos no resueltos. Ejemplo práctico: hablando con amigos asturianos, me citan que Castro Urdiales es «Bilbao» (no Bizkaia, que es a lo que se refieren). Yo, sin rubor, les digo, que gracias por su apoyo, pero que por la misma razón digan que Rivadedeva y Peñamellera digan que son Cantabria. ¿Porque? Pues porque estas dos localidades fronterizas con Unquera y Cantabria, fueron «Cantabria» desde mediados del siglo XIII hasta 1833, cuando el «señor» De Burgos las incluye arbitrariamente en Asturias. Sus ayuntamientos ya solicitaron entonces enmendar ese error, pero no fue considerado. La cosa no se reduce tampoco a Olivenza, que sigue siendo reclamada por Portugal, en su constitución. Portugal no reconoce que esa ciudad sea «española». Ejemplos de fallos garrafales en la distribución territorial del estado español, los hay, y muchos. No hay más que verlos en los anacrónicos enclaves territoriales, residuo del Antiguo Régimen.

Por cierto, en ningún lugar, como se habrá visto, se habla de identidad, de realidades culturales … y mucho menos, de derechos ciudadanos y democráticos. Es que aún sigue en vigor aquello de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», del rey Carlos III, alcalde de Madrid, le decían (por haberse dedicado a hacer cosas en Madrid, más que nada). Ante todo este marasmo de despropósitos territoriales hay un caso, un único caso de posible resolución por vías democráticas. Y ésa es la transitoria cuarta de la constitución española. Pero claro. Les sobra. Porque pone de relieve la problemática global e irresuelta, y sin vías de solución. Y aunque se decidiría en el Parlamento Foral de Navarra, y luego se consultaría en Referéndum ante la ciudadanía de la Comunidad Foral, no les gusta. Tampoco les gusta, probablemente por desconocimiento, que en este caso ni el Parlamento Vasco ni la sociedad vasca tendrían ni arte ni parte, ni voz ni voto en el asunto. Es decir, en caso de voluntad de hacer algo común a las cuatro provincias, debería pactarse, y someterse al escrutinio de una de las partes, lo cual, favorece a esa parte en la negociación, pues son sus pretensiones las que hay que tener en cuenta para llegar a buen puerto. Aunque frente a aquellos que hacen gala de la fe del carbonero, difícil, sino imposible, moverles de sus posiciones.

Las realidades suponen cambio a lo largo de la historia, y no hay idea más poderosa que aquella a la que le ha llegado su hora. Esto lo intentó cerrar Zapatero (y Rajoy) con la inclusión de los 17 nombres de las comunidades en la Constitución española de 1978. Pero… eso suponía abrir otros muchos melones. Como el de Monarquía o República. O el melón de la subyacente discusión sobre el modelo de distribución territorial del estado. O de cuantas y cuales son las naciones existentes dentro del estado, dado que es evidente que nacionalidad es un equivalente de nación. Esto llegará. Más pronto que tarde la veta que se pretende tapar con la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta se abrirá. Y de ellos depende de que manera. Y con que modelo europeo se quedan, como marco de referencia, para resolver este indudable problema secular (incluido el «desastre» de 1898) que arrastra el estado español.