La violación del acceso a la información

Jorge Dorta, master en Mercados Financieros y Master en Inversiones Alternativas con una larga experiencia en banca de inversión a nivel internacional.Especialista en capital riesgo, hedge funds, geopolítica, macroeconomía y materias primas, «Ancor» es también autor del libro «Canarias con Futuro».

Toda dominación social se basa en la asimetría de información. Si les preguntas a los españoles si tienen libertad de prensa la mayoría te contestará que sí. Después de todo, desde la muerte de Franco no existe un departamento oficial de «censura». Pero si le preguntas a los periodistas si son libres de escribir sobre el gobierno pronto se quejaran de la falta de datos.

Es muy difícil informar seriamente sobre el gobierno sin datos. La falta de acceso a la información es la mayor barrera para una verdadera prensa libre que aspire a representar el interés general de los ciudadanos. Las Administraciones Públicas no tienen actualmente la obligación legal de abrir sus libros, informes o estadísticas a la inspección de terceros, y las peticiones en ese sentido – ya sean de ciudadanos o periodistas- son sistemáticamente negadas o ignoradas.

Los informes preparados con fondos públicos – desde estadísticas de criminalidad hasta inspecciones rutinarias – son ocultados y solamente acceden a ellos las personas que puedan probar que «necesitan conocer» dicha información y que tenga una vinculación directa con la misma.

Los periodistas británicos conocen hasta el último penique que gasta su gobierno incluyendo pagos a delatores del IRA o los costes de la instalación de cámaras de vigilancia. En España, por el contrario, conocer los datos más básicos e inofensivos – como las listas de espera en los hospitales – es una tarea titánica. El salario de los presentadores de la televisión pública es prácticamente un secreto de Estado.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional. Es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

En un sistema democrático donde el gobierno no deja de ser el representante del pueblo, el derecho de acceso a la información es una herramienta esencial para que el ciudadano haga valer sus derechos frente al estado.

Las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Toda la información en manos del Estado debería ser pública; de no ser así, debe existir una ley de acceso a la información que asegure dicha publicidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye en su artículo 19 al derecho de acceso a la información. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966 por la Asamblea General de la ONU también establece en su artículo 19 la protección al derecho de acceso a la información. Lo mismo que el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

España es – junto con los microestados y «semiparaisos fiscales» de Chipré, Malta y Luxemburgo – el único país de toda Europa que no tiene una ley de transparencia. España no reconoce el derecho de sus ciudadanos al acceso a la información y no existe ninguna voluntad política ni por parte del PP ni del PSOE de cambiar eso.

Sin derecho de acceso a la información el periodismo de investigación es inexistente. La dificultad de acceso hasta a los datos más básicos y la negación sistemática de incluso los datos más irrelevantes impiden la labor fiscalizadora de una prensa independiente a través del periodismo de investigación.

Pero es que tampoco existe una prensa independiente. La prensa española está altamente politizada. Los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local están generalmente alineados con un partido político y eso se refleja en sus contenidos y líneas editoriales. Además, los medios son dependientes de las Administraciones Públicas para su financiación.

La Constitución española establece en su artículo 20. 1. D) el derecho a comunicar o recibir información veraz. Además, en su artículo 105.b se establece que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Estos dos preceptos constitucionales, deben ser interpretados, tal y como establece el artículo 10.2 de la Constitución Española, a la luz de los tratados internacionales relevantes sobre derechos fundamentales que reflejan en su conjunto la existencia de un derecho de acceso a la información pública.

A pesar de este reconocimiento constitucional, el derecho de acceso a la información no está garantizado en España debido a la ausencia de leyes que establezcan mecanismos para ejercerlo. La normativa española actual es sumamente restrictiva y de carácter administrativo. Es insuficiente y no cumplen con las garantías mínimas establecidas internacionalmente.

La ausencia de este tipo de legislación favorece la corrupción, dificulta enormemente la labor de denuncia de la misma, tanto a los ciudadanos en general, como a los medios de comunicación en particular, y fomenta el alejamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Esa misma falta de transparencia es la que permite esconder a los ciudadanos canarios la existencia de petróleo durante décadas o manipular cuanto aporta realmente un territorio al Estado.

Jorge Dorta, director de Mencey Capital