Ante la imposición, pase foral

El catedrático y amigo Juanjo Álvarez ha escrito y publicado recientemente en los diarios de nuestro grupo un excelente artículo titulado El pase foral: se acata pero no se cumple. En él, el catedrático de Derecho Internacional Privado explica que una actualización del pase foral tiene perfecto encaje en la Disposición Adicional de la Constitución española, que reconoce el derecho a la actualización de los Derechos Históricos del pueblo vasco. Una Disposición Adicional que recalcitrantes centralistas prefieren entender como un privilegio o una mera reliquia histórica que no va más allá del puro folklore.

El pase foral, durante siglos, ha servido a los vascos para acatar pero no cumplir las normas dictadas por la Corona española que desvirtuasen los derechos y costumbres de nuestros territorios históricos. Perfecta autodefensa contra los desafueros a los que tan propensos han sido a través de los siglos los mandatarios centralistas. Una forma perfecta de actualizar aquella precaución defensiva sería modernizar nuestro sistema de autogobierno de manera que podamos preservar nuestras propias instituciones y normativas para que los dos grandes partidos españoles no las avasallen.

Lo que estos días está ocurriendo no es nuevo. Ya la LOAPA fue una primera invasión del autogobierno de las comunidades autónomas, pactada por UCD y PSOE estremecidos por la intentona golpista del 23-F, pero felizmente declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Aunque quizá sería más propio señalar como primer freno al sentimiento nacional de vascos y catalanes aquel café para todos inventado por el equipo de Rodolfo Martín Villa que creó de forma artificial la España de las Autonomías dotando de algo parecido a un autogobierno a diecisiete comunidades que en su inmensa mayoría ni lo deseaban ni se lo habían planteado.

Desde la LOAPA, la pelea jurídica de los parlamentarios vascos ha sido denodada y extenuante para evitar el despojo que permanentemente se pretende perpetrar desde el centralismo. Es de destacar, por todo lo contrario, la sumisión entre resignada y militante de los diputados y senadores navarros que han ido dejando jirones de sus derechos sin abrir la boca, ni para conservarlos ni para reivindicarlos.

Tras más de treinta años de incumplimientos y de bocados centralistas a nuestro autogobierno, se ha llegado a la ofensiva más despiadada desde la llegada del PP al poder con su mayoría absoluta tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011. A cuenta de la crisis económica galopante que asola a España, un PP crecido y arrogante pretende entrar a saco contra los derechos otorgados por ley a las comunidades autónomas. Lo están haciendo bajo la apelación a los mercados, al FMI, a Alemania o a cualquier pretexto que sirva para volver a la España Una y Uniforme que hasta se atreve a reivindicar la presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro de la Ejecutiva del PP, Esperanza Aguirre.

De un plumazo, y en un par de semanas, el centralismo pretende invadir nuestras competencias en dos materias altamente sensibles, la Educación y la Sanidad. Y lo hace por el expeditivo procedimiento del Decreto Ley, porque el que manda, manda, y para eso está la apisonadora que le dieron los votos.

Esta gente parece que no se entera, o no se quiere enterar, de que el autogobierno vasco (y, por desgraciadas razones de Estado, también el navarro pero separado), están basados en el pacto, el acuerdo y el consenso. Por eso, cuando con intención invasiva el Gobierno español se lanza a la Cruzada unitaria y violenta nuestros derechos, no cabe la resignación, ni tampoco la lenta resolución de la justicia porque para cuando dicten sentencia ya no quedará nada de nuestras competencias. Se acata, pero no se cumple.

De poco sirve que la consejera vasca de Educación, Isabel Celáa, anuncie que piensa leerse con atención la letra pequeña de las órdenes dictadas en Madrid. Está bien que la lea, pero, ¿después qué? De poco sirve que el lehendakari López clame contra la invasión de competencias, si es que ocurre. Pero, cuando se nos obligue por Decreto Ley al aumento de tasas universitarias, a la modificación al alza de los ratios de alumnos por aula, al copago de medicinas y atención hospitalaria o la larga lista de coacciones que amenazan nuestros derechos otorgados por ley, ¿qué van a hacer? La única defensa que nos queda es recurrir al pase foral.

Debería ser el lehendakari, o el Parlamento Vasco (de las instituciones navarras mejor no hablar, porque tragan con todo), quienes levanten la voz advirtiendo al prepotente Gobierno de Rajoy que queremos defender nuestras instituciones y nuestro autogobierno apelando al pase foral. Que tenemos problemas, pero que sabemos resolverlos. Y que muy bien, que decreten, que escriban en el BOE lo que quieran, que el rey refrende con su firma lo que le pongan delante, si lo ve. Que aquí, todo eso se acata. Pero no se cumple.