Por qué Euzkadi necesita una Constitución

Igor Filibi, profesor de Relaciones Internacionales de la EHU/UPV

Cada vez que se habla en serio de resolver el conflicto vasco, realmente se está tratando siempre de temas constitucionales. La crisis que padecen los estados español y francés también llevan a ese debate. La cuestión es que ya ha llegado el momento de reconocerlo.

El proceso de integración europeo fue tan rápido e intenso que a comienzos del siglo XXI muchas voces reclamaron la elaboración de una Constitución europea. Dentro de ese debate, el filósofo alemán Jürgen Habermas escribió un influyente artículo titulado Por qué Europa necesita una Constitución. En este texto se señalaba que el reto era conservar los grandes logros democráticos de los estados europeos, pero ahora a escala europea. Estos logros incluían tanto la garantía de los derechos civiles como un nivel suficiente de bienestar social, educación y ocio. Una colectividad política como la europea no puede basarse simplemente en una moneda común. Hay que pensar cómo alcanzar una unión política digna de ese nombre. «Realmente, lo llamemos así o no, ya hay un debate constitucional en marcha», sentenció.

A pesar de las muchas diferencias, también es posible defender que Euskadi necesita una Constitución. O, para ser más precisos, abrir un proceso constitucional. Hay muchos motivos, pero uno muy importante es que para que una nación exista de verdad la simple historia, lengua o territorio, elementos esenciales, no son suficientes. Lo que permite que un grupo humano con elementos comunes se convierta en una verdadera nación es la existencia de un proyecto nacional sólido, compartido y viable.

Es obvio que es mucho más fácil reivindicar cuestiones abstractas como la autodeterminación o el derecho a decidir que construir proyectos concretos que puedan ser debatidos, mejorados y, finalmente, votados para ser aprobados por una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascos.

En el mundo contemporáneo, estos proyectos de convivencia se plasman en constituciones. La Constitución vasca debería establecer los mínimos compartidos del proyecto nacional al menos en cinco aspectos. En primer lugar, el modelo económico-productivo, es decir, cómo vamos a generar riqueza en nuestra sociedad, en qué sectores estratégicos vamos a volcar nuestros recursos. Ese modelo debe ir acompañado de un sistema de educación, investigación e innovación adecuado para formar a trabajadores cualificados con altos salarios y que a la vez sean ciudadanos responsables.

En segundo lugar, el modelo de bienestar. Habría que consensuar la forma en que la riqueza generada se va a redistribuir para asegurar unos mínimos dignos de existencia y garantizar la cohesión social. La reducida dimensión de nuestro país permite que este sea un objetivo factible. Además, hay diversos casos de países pequeños que han hecho de su modelo social un elemento central de su identidad nacional, como Noruega, Suecia, Dinamarca o Finlandia.

En tercer lugar, un modelo de convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, entre identidades distintas, lenguas, ideologías diferentes, territorios con personalidades y características propias. No es fácil. Probablemente el único modelo posible sea uno que parta de lo real y no de lo ideológico, y que comience por la realidad más cercana al ciudadano, lo local, y desde allí vaya ascendiendo hasta el ámbito nacional, estatal y europeo.

En cuarto lugar -casi al final y no al comienzo como suele hacerse-, una vez que hemos acordado las bases del proyecto nacional, habrá que acordar cuáles son las instituciones necesarias para llevar a cabo dicho proyecto, teniendo especialmente en cuenta su encaje dentro del marco constitucional de la Unión Europea. Aquí será necesario ser creativos y generosos si se quiere construir una nación cohesionada.

Finalmente, en quinto lugar, los elementos simbólicos también deberían ser negociados. En contra de lo que pueda parecer no es un problema únicamente entre el proyecto nacionalista vasco y el español, sino también entre las distintas facciones aber-tzales. También quienes no son abertzales deben ser incluidos en este debate. Tienen derecho a ello. Formar parte del proceso implicará obviamente el reconocimiento del carácter nacional de la identidad vasca. A cambio, el nacionalismo vasco incluirá el estatus jurídico-político dentro de la negociación del proceso constitucional que se propone.

El estatus político final -Estado vasco, confederación, estado libre asociado, federación, autonomía, etc.- es un aspecto importante, pero solo uno más dentro de un delicado equilibrio entre identidades, ideologías, territorialidades, normas, intereses económicos y relaciones de poder. Tratar todas estas cuestiones y resolverlas en un equilibrio que le sirva a la sociedad es lo que hace una Constitución. Si nos tomamos la política en serio, los vascos solo podremos resolver, siempre de forma provisional, nuestros diversos conflictos (en plural) si somos capaces de alcanzar un acuerdo constitucional suficientemente sólido y englobante.

No puede vislumbrarse aún cómo sería este acuerdo, puesto que sería el resultado final de un proceso constitucional abierto e inclusivo. Sin embargo, que este proceso constitucional es necesario lo han manifestado de diversas formas tres de las cuatro principales fuerzas políticas vascas. Tanto PNV como la izquierda abertzale siempre han defendido un cambio constitucional al promover el derecho de autodeterminación de la nación vasca. Hace no mucho, el presidente del PSE abogó por una Constitución vasca, aunque no por un Estado propio.

Es obvio que detrás de todas estas propuestas se esconden ideologías e intereses distintos, pero todas ellas muestran que ya está en marcha un proceso constitucional vasco, se le dé este nombre o no. El nombre no es lo más importante, pero reconocer que estamos hablando de temas constitucionales sería, por un lado, más honrado, y permitiría a los ciudadanos darse cuenta de lo que está en juego. Por otro lado, abrir de manera formal un proceso constitucional obligaría a abrir al mismo tiempo canales de participación a la sociedad, lo que garantizaría los derechos de opinión y participación de todos y todas los que vivimos en esta tierra. Cada vez que se habla en serio de resolver el conflicto vasco, realmente se está tratando siempre de temas constitucionales. La cuestión es que ya ha llegado el momento de reconocerlo y actuar en consecuencia.

No podemos retrasarlo más. La sociedad vasca es suficientemente madura políticamente. La violencia de una parte ha dejado de entorpecerlo todo, y obliga a la otra a adoptar únicamente las reglas de la política. El Estado español, con un modelo económico-productivo inviable, se ve obligado a sacudirse parte de sus élites incrustadas al Estado, relegitimar sus instituciones, incluyendo el debate monarquía-república, y las relaciones de poder entre sus naciones constitutivas. Todo eso no puede hacerse sin un nuevo proceso constitucional. También el Estado francés se debate entre sus viejas tendencias centralistas y la necesidad de ser más flexible. La Unión Europea también está en pleno proceso de refundación política. En el nivel más amplio, el internacional, la emergencia de nuevas potencias obliga a replantearse los equilibrios de poder en las principales instituciones como las Naciones Unidas. Esto es, de nuevo, un proceso constitucional, al margen del nombre que finalmente se le dé. Vivimos un momento constitucional global.

Los vascos no podemos perder la oportunidad de diseñar nuestro marco de convivencia a la vez que se está rediseñando el mundo a nuestro alrededor. Tenemos que formar parte de este debate contemporáneo. Debemos cambiar el sufrimiento y el dolor de nuestra historia pasada por un proyecto ilusionante, inclusivo, en el que una gran mayoría nos sintamos partícipes y dueños de nuestro destino. Solo así podremos aportar nuestra contribución al bienestar europeo y mundial. Solo con inteligencia y generosidad podremos convivir de forma mínimamente armónica. Y solo si somos capaces de convivir en paz podremos aplicar toda nuestra energía, talento y creatividad al servicio de mejores causas.