Esperando la respuesta de la vicepresidenta Viviane Reding

Izaskun Bilbao, Europarlamentaria de EAJ-PNV

Las expresiones ciudadanas en varias naciones europeas como Cataluña o Euskadi en torno a la insatisfacción que sienten sobre su actual status socio-político siguen de actualidad. Demuestran sin duda que el problema existe, que habrá que darle solución y que ésta no podrá ser ajena al respeto a las decisiones democráticamente adoptadas por la ciudadanía. Porque lo que no esta de moda es zanjar estas polémicas a “constitucionazos”.

Viene esto a cuento porque esta mañana la Comisión Europea ha matizado la interpretación que determinados medios han hecho del intercambio epistolar habido en las últimas semanas entre la vicepresidenta del ejecutivo comunitario y responsable de justicia y derechos ciudadanos Viviane Reding y el secretario de estado para la UE y ex parlamentario europeo Iñigo Méndez de Vigo sobre el asunto de la independencia de Cataluña. Se trata, dice la Comisión, de una misiva privada. La Comisión solo se pronunciará oficialmente cuando haya sobre la mesa una cuestión planteada formalmente.

Para empezar en su escrito la vicepresidenta de la comisión se refiere a problemas de reconocimiento en caso de secesión unilateral. Además hace una expresa referencia a la necesidad de arreglar primero “en casa” el entuerto. Despejada la solución a ese nivel, nadie duda de que el encaje en la unión será posible. Los acuerdos alcanzados en el parlamento primero y en el consejo después sobre gobernanza económica y supervisión financiera acreditan que cuando hay que resolver problemas el “‘no se puede porque la ley dice” se transforma en “que hay que hacer para resolver esto democráticamente”

El secretario de estado se quejaba de las declaraciones realizadas por la vicepresidenta del ejecutivo comunitario a diversos diarios españoles en las que reconocía, como no puede ser de otro modo, que en los tratados no hay un solo precepto que obligue a expulsar a Cataluña de la UE si su ciudadanía decide que se convierta en un estado independiente. A esta impresión se suma la formulada por el Comisario de la Competencia y también vicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia en el mismo sentido: “No es honesto decir que Cataluña quedaría fuera de la UE si es independiente”. Es perfectamente comprensible pues que la Comisión prefiera guardar la ropa e inste a las partes que discuten a buscar un acuerdo que, sin ninguna duda va a tener que considerar las opiniones democráticas y mayoritarias de la ciudadanía. Porque, como decía el profesor de derecho Constitucional Agustín Pérez Robledo al que tuve el honor de conocer en mis tiempos de presidenta del parlamento vasco en un interesante artículo que firma hoy en “El País“ en la Europa de hoy es un sinsentido aplicar los preceptos constitucionales de control militar ante un intento de secesión, para empezar porque cualquier asunto de ese calibre sin duda tendrá un fundamento cívico. Conviene por ello hacerse a la idea de que el futuro va escrito en el Dictamen del Tribunal Supremo canadiense sobre las aspiraciones de Quebec: Nuestras instituciones están basadas en el principio democrático y, en consecuencia, la expresión de la voluntad democrática de una provincia conferiría legitimidad a los esfuerzos que realizara el Gobierno de Quebec para iniciar el proceso de reforma constitucional para proceder a la secesión a través de medios constitucionales”.

Ese es el fondo de la pregunta que el pasado 17 de septiembre remití a la Comisión Europea. Me pareció interesante que además de yo misma, el texto llegase al ejecutivo comunitario suscrito por otros parlamentarios que representan a una nación europea, por el momento sin estado pero con una clara mayoría social apoyando su constitución. Las preguntas eran bien simples: ¿Son las personas o los estados los titulares de los derechos de identidad o ciudadanía? ¿En qué precepto de los tratados puede apoyarse la expulsión de la UE de personas que, siendo ciudadanos de la Unión apuesten expresamente por seguir siéndolo desde una nueva realidad estatal? ¿Cómo piensa la Comisión afrontar posibles procesos de este tipo si junto a la secesión, la ciudadanía implicada apuesta expresamente por continuar en la UE?

La Comisión dispone de seis semanas para responder a las preguntas que se le formulan. Estamos pues en el límite del plazo en el que, obligatoriamente, deben respondernos. No lo han hecho aún, pero hoy tengo más curiosidad que ayer por leer las respuestas. Al parecer somos los nacionalistas quienes ponemos los territorios, las ensoñaciones de una identidad colectiva, por encima de las personas. Nos falta saber si los “constitucionalistas” creen de verdad que no hay voluntad cívica que pueda discutir su idea de España . Cabe recordar que la constitución que glorifican no cumple los principios que el tan citado Habermas exige para que un demos se convierta en nación cívica: que haya un consenso previo sobre su definición y alcance y que el acto de constitucionalizarlo se produzca en condiciones plenamente democráticas. Honradamente todos sabemos que en el caso español ni lo uno, ni lo otro. A efectos vascos, se intentó un arreglo por la vía estatutaria para corregir ese déficit de origen, pero tras el 23 F comprobamos que solo las apreturas parlamentarias del gobierno de turno convertían en orgánicos los preceptos del Estatuto.

Yo no quiero, ni puedo, ni es mi papel, erigirme en portavoz de las razones o los sentimientos de otros. Pero si voy a hablar, para que se entienda con toda claridad de los problemas que cada vasca y cada vasco tienen hoy por no disponer de otro estatus jurídico-administrativo en la UE. Se esgrime en demasiadas ocasiones que este tipo de problemas responden, para empezar a chaladuras identitarias fuera de los tiempos y que además no interesan a la ciudadanía. Pero en Euskadi interesan y mucho. Porque dan origen a paradojas como las que siguen.

Euskadi tiene Concierto Económico. Desde la perspectiva europea ese es un sistema fiscal plenamente autónomo porque tiene autonomía institucional, normativa y económica. Por tanto a todos los efectos Euskadi es responsable del equilibrio de sus cuentas públicas. Su solvencia país, su prima de riesgo y otros parámetros básicos para la competitividad de sus empresas deberían calcularse teniendo en cuenta su déficit público, la situación de la economía sobre la que opera ese sistema fiscal, su viabilidad y su potencialidad. Y esa esta hoy en relación con el enorme esfuerzo realizado por su ciudadanía para transformar una ruina industrial en un país moderno y por las políticas publicas desarrolladas para ello gracias al concierto económico. Políticas, todo sea dicho, opuestas a las que, en otros territorios han dado lugar a “milagros económicos” como el propiciado por Aznar y su equipo, basados en el ladrillo y la especulación y que se han demostrado insostenibles, ajenos por completo, al modelo de desarrollo europeo 2020 (inteligente, sostenible e integrador) Igualmente tanto los principios de control incorporados al ordenamiento europeo en los paquetes de gobernanza económica y supervisión financiera deberían proyectarse sobre esa realidad económica autónoma y con una identidad netamente diferenciada de la que se vive en el estado Español.

Como muestra vale un botón. El otro día un empresario de máquina herramienta capaz de competir en un mercado como el alemán me explicaba alarmado que en sus últimas ventas ha tenido dos problemas. El primero se produce indefectiblemente al negociar los precios. Cuando piensan que tu situación es desesperada y que harías cualquier cosa por vender, clientes de hace treinta años pretenden apretarte como si estuviesen regateando en un zoco. El segundo, casi siempre superada la negociación por el precio antes de cerrar definitivamente el trato: “Y ya vas a poder hacerme el mantenimiento de estas máquinas?. Tal y como está la situación de España lo más fácil es que cierres.

De eso estamos hablando cuando decimos “Euskadi Estado en Europa”. Hemos hecho los deberes y las empresas vascas son capaces de competir en el exterior, pero padecen la prima de riesgo que corresponde a España, las condiciones financieras aparejadas a esa condición y los efectos que esa marca país (utilizada como ejemplo de lo que no debe ser en las campañas electorales francesa y americana por ejemplo) tiene sobre los productos vascos. Eso nos cuesta cada vasca y cada vasco un riñón en términos de competitividad y de viabilidad futura. Y lo entiende la gente a la primera, porque de cómo se resuelva esta paradoja van a depender los índices de paro y actividad económica y consecuentemente de bienestar en Euskadi en los próximos años. Si tal paradoja no existiera tampoco nos hubiese ocurrido el incidente de las “vacaciones fiscales” que, en las mismas condiciones que nosotros, aplicaba Francia en la vecina Aquitania sin despeinarse, que para eso es un estado, mientras nuestros empresarios aguantaban, además de la crisis las extorsiones y amenazas de ETA. Yo soy activa denunciando estos problemas cuando afectan no solo a empresas vascas sino a empresas y empresarios españoles. Y tengo varios expedientes abiertos que lo acreditan. hasta redacté y promoví una pregunta que han firmado conmigo otros parlamentarios españoles de todos los grupos denunciando el efecto que las políticas de austeridad tienen sobre la competencia en Europa. Porque busco soluciones.

Otra paradoja: En las instituciones europeas, ante las instituciones europeas, otros hablan por ti de tus cosas, negocian por ti sin tu participación, te “representan” y te pueden boicotear si lo que vas a explicar (asuntos como el comentado más arriba) no son del todo estéticos. En esos casos hasta hace muy poco bastaba con decir “Todo es ETA” y asimilar a quien defendiese el derecho a decidir con un peligroso terrorista, actitud que le costó al anterior lehendakari Juan José Ibarretxe no poder jamás acercarse por ejemplo al presidente de la Comisión Europea. El mismo ciudadano no tuvo el menor empacho en recibir a las primeras de cambio (nunca mejor utilizada la expresión) a Patxi López cuyo gobierno y apoyos, juzgados por la ciudadanía que los ha padecido estos tres años, ha cosechado un sonoro suspenso.

Esas cosas, la diplomacia de ese país que tanto nos quiere que no puede prescindir de nosotros, se las hacía también a Juan Mari Atutxa que tras sufrir veinte intentos de asesinato tuvo que escuchar en el despacho de la entonces presidenta del Parlamento Europeo Nicole Fontaine que el PNV colaboraba con ETA. Cuando Juan Mari le contestó que entonces él era evidentemente un suicida porque se había librado por la profesionalidad de la Ertzaintza (también sospechosa de no colaborar en la lucha contra ETA) de las acechanzas de esa organización amiga, las miradas que Lafontaine lanzó a Alejo Vidal Cuadras, bien valieron el viaje y la espera.

Paralelamente preguntas qué le parece a la Comisión la propuesta de reforma de la ley electoral para alterar el censo vasco (no gustan los resultados) te dicen que eso es “un asunto interno de tu estado”. Eso si la igualdad entre electores figura expresamente en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales integradas como se sabe en el articulado del tratado de Lisboa. La primera misión de la Comisión es ser “guardiana de los tratados”, siempre que el que pregunte sea un estado (añado yo). Porque no es precisamente igualitario permitir votar por control remoto en un territorio a personas que viven en otro y podrían establecerse y participar con todas las consecuencias en la vida y sociedad del mismo.

Más ejemplos. Malta, Eslovenia, Estonia, Luxemburgo, Letonia o Chipre, son seis de los estados de la unión que tienen menos habitantes que Euskadi. Salvo Luxemburgo, cuyo ministro de Industria buscaba la semana pasada buenas prácticas industriales en el centro de automoción de Amorebieta, todos ellos están a años luz de nuestra dimensión económica. Pero, son estados. Todos ellos tienen representación en el Consejo Europeo, tienen al menos un comisario en el colegio que preside Durao Barroso, Eurodiputados que representan a ese País en la Eurocámara y, por supuesto reconocidas a todos los efectos sus lenguas propias como oficiales en las instituciones europeas. Porque ya se sabe que derechos fundamentales, como el de poder utilizar y relacionarte en tu propia lengua ante las instituciones europeas son inalienables…si eres un estado.

Estas son las cosas que generan tensión y las que hay que solucionar. Y hay que empezar solucionándolas en casa. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero hay muchas también que ayudan a alejar cualquier solución. Cuanto mejor tratar de comprender y buscar una solución para la incomodidad desde un aprecio real por lo que eres o quieres ser que zanjar el asunto amenazando con asonadas militares. Ahora que hemos acabado entre todos con los criminales que utilizaban la violencia para tener el poder y la representación que la ciudadanía no les otorga es el momento del diálogo de verdad. Y tratar de orillarlo no suele conducir a ninguna solución duradera.