Amaiur pide al Gobierno central que vulnere competencias de Euskadi

2012/11/01 por Josu Erkoreka

No es la primera vez que escribo en este blog sobre el ambigüo -o, cuando menos, enrevesado- criterio que guía a los diputados de Amaiur a la hora definir el alcance y contenido de su participación en las cámaras legislativas que, según el artículo 66 de la Constitución, “representan al pueblo español”. Ya lo hice antes de ahora en, cuando menos, dos entradas que llevaban por título “Sopas sin sorber, no puede ser” y “Criterio inextricable“. En este último, cuyo título resulta muy elocuente, me confesaba incapaz de comprender el sentido de su participación, que acostumbra a distinguir, sin objetividad aparente, entre supuestos idénticos y a equiparar sin justificación explicable, supuestos claramente distintos. 

Hoy vuelvo sobre el asunto, al hilo de una moción que el diputado Sabino Cuadra sometió ayer a debate y votación en el Congreso de los diputados. La moción traía causa de una interpelación que el mismo diputado formuló hace unas semanas en el pleno de la cámara, sobre “la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad”. Se trataba de una iniciativa divida en seis puntos, en los que se instaba al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar otras tantas medidas de carácter laboral, social y fiscal con las que se supone que se activa el decidido impulso del “reparto de riquezas y rentas” que el diputado planteaba en la interpelación.

El objetivo de la moción era loable, sin duda alguna. En un momento en el que la crisis económica castiga severamente a las clases medias y agudiza las diferencias sociales y económicas existentes entre los colectivos más pudientes y los más desfavorecidos, siempre son bienvenidas las iniciativas tendentes a hacer efectiva la justicia social a través de los mecanismos redistributivos que los poderes públicos tienen a su disposición.

Pero la meta última que se propone alcanzar, no constituye el único aspecto de una iniciativa parlamentaria que merece consideración. También cuentan el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Porque una moción, por ejemplo, sugerente e incluso atractiva en el terreno de los principios, pero absolutamente imposible de materializar, más se merece un reproche que un aplauso. O un objetivo loable que sólo puede alcanzarse por medios inmorales o contrarios a la ley, por poner otro ejemplo, tampoco puede decirse que amerite una valoración netamente positiva. Sin entrar, claro está, en aquellos casos en los que una iniciativa de todo punto irreprochable, es formulada por una persona que, por los motivos que fueren, resulta ser la menos adecuada para hacerlo. Piénsese, verbigracia, en la hipótesis de un explotador despiadado, defendiendo los derechos laborales de los trabajadores.

Pero volvamos de nuevo a la cuestión. Los seis puntos que integraban la moción de Amaiur, afectaban, como he dicho, a cuestiones, laborales, sociales y fiscales. La de carácter laboral planteaba, directamente, “duplicar la cuantía del actual salario mínimo interprofesional”, situando su importe en 1.075 euros. La de naturaleza social, requería al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- para ”avanzar progresivamente en esta legislatura a fin de implantar una prestación social para todas aquellas personas que carezca de ingresos salarial o social alguno”. Y, en fin, las de textura fiscal, proponían introducir un conjunto de modificaciones en el sistema tributario que iban desde la anulación de la amnistía fiscal “aprobada por el Gobierno del PP”, hasta la implatación “de un Impuesto sobre las Grandes Fortunas”, pasando por una modificación de los tipos actuales de IRPF y del Impuesto de Sociedades que “aumente substancialmente la progresividad de los mismos” y la anulación “de la última subida del IVA llevada a cabo por el Gobierno el año pasado”.

Al registrar la iniciativa, específicamente concebida para un marco económico-social como el español, Amaiur venía a desmentir rotundamente a los que antes, durante y después de la campaña electoral de noviembre de 2011, afirmaron que los diputados de la coalición sólo iban a participar en los debates directamente relacionados con Euskal Herria. Lo español -dijeron entonces- no les interesaba lo más mínimo. Y aseguraron que nunca participarían en el debate y resolución de problemas propios de un país -España- que les era ajeno. Pues ya se ve en qué ha quedado todo. Cuadra podía haber presentado una moción circunscrita a un tema estrictamente vasco, pero ha preferido hacer una propuesta que aspira desplegar efectos en todo el Estado español. De manera que si el Gobierno -el Gobierno central, evidentemente- que es el competente en la materia, decide atender su requerimiento y duplicar, mañana mismo, la cuantía del salario mínimo interprofesional -para lo que no sé de dónde sacaría los fondos necesarios, pero esa es otra cuestión- la medida no sólo beneficiaría a los ciudadanos vascos, sino a todos los operarios que venden su fuerza de trabajo en el Estado español.

Pero lo que llama la atención no es que un diputado de Amaiur inste al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar una medida que hoy por hoy se sitúa en su ámbito de sus competencias. Podrá no gustar a quienes aseguraban que sólo iban a Madrid a defender los derechos de Euskal Herria, pero la cosa, en puridad, no tiene más trascendencia. Así son los gravámenes del pragmatismo político. Tampoco Garitano pensaría que iba a ser recordado por la bandera española que luce en el palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde que tomó posesión del cargo, pero ya ha empezado a asumir que lo será. Lo que sorprende, insisto, no es eso, sino que inste al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar medidas que son competencia de las instituciones vascas. Me refiero, lógicamente, a las de tipo social y, por supuesto, a las de carácter fiscal, que, con arreglo al marco político vigente, se encuentran atribuidas a las instituciones de Vasconia; de la Vasconia oriental -Nafarroa- y de la occidental -Comunidad Autónoma de Euskadi-.

En efecto, la moción pretendía que el Gobierno -el Gobierno central, evidentemente- implantase una “prestación social para todas aquellas personas que carezcan de ingresos salarial o social alguno”. Sin embargo, los servicios sociales son competencia exclusiva de las dos comunidades constituidas en el territorio de Vasconia. Lo que moción exige, por tanto, es que el Gobierno -el Gobierno central, evidentemente- se salte el orden de distribución competencial vigente y vulnere sin reparo alguno los poderes atribuidos a la Comunidad Autónoma vasca y a la Comunidad Foral navarra que, dicho sea de paso, ya tienen establecidos en sus respectivos territorios, sistemas de prestación social concebidos para ciudadanos que carecen de ingresos.

No menos sorprendente es la pretensión de que el Gobierno -el Gobierno central, evidentemente- impulse medidas de carácter tributario. Porque las dos comunidades vascas son de raíz foral y ambas gozan de un régimen concertado que les permite establecer y gestionar su propio sistema tributario. Los diputados del Grupo vasco siempre nos hemos abstenido en las votaciones que se han celebrado en el Congreso para aprobar o rechazar normas de carácter tributario, porque consideramos que carecemos de autoridad moral para influir en el diseño de un régimen fiscal que no va a ser aplicado en nuestro territorio. Se trata de una práctica tan arraigada en la trayectoria de nuestro Grupo parlamentario, que se encuentra plenamente asumida por los servicios de la cámara y los electos que ocupan escaño en el hemiciclo. Sin embargo, y paradójicamente, los diputados de Amaiur que llegaron a las Cortes Generales con la promesa de que no iban a mancillar su pureza ideológica participando en debates españoles que no guardasen una relación directa con la problemática de Euskal Herria, promueven sin el más mínimo reparo un debate netamente español, sobre unos tributos que nunca serían de aplicación en los territorios vascos.

El gesto resulta un poco extraño, ciertamente. Y de poco sirve, claro está, el hecho de que el preámbulo de la moción, pretenda salvaguardar las esencias, diciendo que, pese a todo, Amaiur reclama “unas competencias plenas para Euskal Herria, sin injerencias presupuestarias ni cortapisa alguna para desarrollar nuestra propia política económica, fiscal y social”. Porque las consideraciones preliminares no pueden imponerse a lo dispuesto en la parte resolutiva de la moción, que es la que prevalece a todos los efectos. Afirmar, a efectos meramente declarativos, que se piden “competencias plenas para Euskal Herria” para, a renglón seguido, exigir al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- que vulnere sin contemplaciones las competencias ya atribuidas a los entes públicos territoriales constituidos en Euskal Herria, no solo es una contradicción. Es una astracanada en toda regla.