¿El euskera contra el castellano?

2012/12/05 por Josu Erkoreka

El ministro Wert la ha vuelto a armar. Primero dijo aquello de que sus planes de reforma tenían por objeto “españolizar” a los alumnos de la escuela catalana; y de paso, supongo a los de la escuela de algún otro territorio igualmente díscolo para con el alto designio patriótico español. Y ahora se descuelga con una propuesta peregrina, que no tiene más objeto que el de imponer el castellano a martillazos, en un sistema educativo que ya lleva años impartiendo una educación bilingüe.

En Euskadi, la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, ya estableció, hace treinta años -la norma fue aprobada el 24 de noviembre de 1982-, que todo alumno goza en Euskadi del derecho a “recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos”. A lo que añadía un mandato dirigido al Gobierno vasco, para que adoptase todas “aquellas medidas encaminadas a garantizar la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria”. Tres décadas después, esta normativa -que considero respetuosa con el pluralismo y los derechos lingüísticos de los ciudadanos- sigue en vigor. Y en su aplicación, el sistema educativo garantiza sin especial dificultad el conocimiento del castellano a todos los alumnos que superan la enseñanza obligatoria, pero sigue sin ser capaz de asegurar que, en ese momento, los estudiantes posean “un conocimiento práctico suficiente” del euskera. El resultado es, pues, asimétrico. En favor del castellano, evidentemente. Hoy son miles en Euskadi las personas que, pese a haber superado la enseñanza obligatoria, son incapaces de expresarse en lengua vasca y de comprender un texto de dificultad mediana redactado en euskera.

En un contexto así, la propuesta legislativa de Wert, que da por supuesta la necesidad de equilibrar el sistema con el fin de reforzar el aprendizaje del castellano -”que siempre fue la lengua compañera del Imperio” (Antonio Nebrijadixit)-, resultan lacerantes. Porque proponen reforzar la lengua fuerte, debilitando más aún la débil.

Sin embargo, Basagoiti considera que esa propuesta es “especialmente oportuna” para Euskadi, porque permitirá reequilibrar las cosas después de “muchos años” de usar “el euskera contra el castellano”.

No sé a quién se refiere Basagoiti cuando habla de usar “el euskera contra el castellano”. Quiero suponer que sus palabras no se refieren a las políticas lingüísticas promovidas por las instituciones vascas porque, como he señalado líneas arriba, la legislación dictada en este ámbito por el Parlamento vasco es escrupulosamente respetuosa con el castellano. Y si se refiere a la actitud personal mantenida por algún individuo o grupo, creo que su apreciación está fuera de lugar, porque, de existir, un dato como ese en ningún caso podría justificar una reforma legislativa como la que se pretende, que declara sin ambages su voluntad de corregir la situación.

¿El euskera contra el castellano?

A lo mejor se refiere a las cláusulas que algunas instituciones incluían en los contratos que suscribían con los maestros, instándoles a que no permitiesen a los alumnos comunicarse en euskera, poniéndoles el anillo delator y castigándoles como se merecen.

O a la orden dictada en 1766 por el Conde de Aranda para que “sin especial noticia suya no se den licencias por este Consejo para imprimir libros en otra lengua que la castellana, archivándose la obra original de la obra de la vida de San Ignacio escrita en bascuence”.

O al artículo VII de la Real Cédula firmada por Carlos III el 23 de junio de 1768, prohibiendo el uso del euskera en la escuela para “extender el idioma general de la Nación para su mayor armonía y enlace recíproco”

O a la Real Cédula de 24 de diciembre de 1772, que prohibía el euskera en los libros de “todos los mercaderes y comerciantes de por mayor y menor”

O a las instrucciones para el arreglo de teatros y compañías cómicas fuera de la Corte, de 11 de marzo de 1801, que prohibía “representar, cantar, ni bailar piezas que no sean en idioma castellano”

O al artículo 25 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, que establecía que “los instrumentos públicos se redactarán en lengua castellana”

O a la Real Orden de Isabel II de 15 de enero de 1867, en la que se disponía que “no se admitan a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España”

O al Real Decreto de 21 de noviembre de 1902, que castigaba a los maestros que enseñasen a sus discípulos “en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana”, con una “amonestación”, la primera vez, y con la separación del servicio, en caso de reincidencia.

O a la Real Orden de 13 de octubre de 1925 que ordenaban expedientar al maestro entre cuyos alumnos hubiese alguno que portase libros “que no estuviesen escritos en español”

O al Real Decreto de 9 de junio de 1930, cuyo apartado tercero exigía a las corporaciones locales llevar “los libros oficiales de registros y actas en castellano”

¿Hace falta continuar…?