Se acuerdan cuando el PP acusaba al Parlament de Catalunya de enviar un nou estatut que encubría, decían ellos una reforma constitucional? Pues algo de eso, exáctamente, trata de hacer el PP con su proyectada reforma de la ley electoral. Subvertir el órden constitucional con una mera reforma de la ley electoral general, un ariete contra el título octavo, que siempre se opuso Alianza Popular, y que no es del agrado del PP. Y ahora se ve que no sólo era por el hecho autonómico, sino, por más cuestiones. Y es que en el capítulo dos, artículo 140 lo expone con meridiana claridad:
Capítulo II. De la Administración Local. Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
El PP pretende, pues, una reforma de la constitución encubierta. Y, que hizo con el estatut catalán? Una recogida de firmas, que dicen, alcanzó los 4 millones, y un recurso de inconstitucionalidad. Y, como sería el delito que podría estar cometiendo el PP proponiendo una ley inconstitucional a sabiendas? O, mejor, el tribunal constitucional se daría por enterado? Si no se dió por enterado del Almeriazo, que fue la aplicación retroactiva de la ley de 1980 sobre referéndums, que, no como se dice ahora, no se hizo para regular referéndums futuros, sino para ajustar uno ya realizado, el de Almería con respecto a la construcción del proyecto autonómico andaluz, algo de dudosa constitucionalidad, pero como fue objeto de pacto por parte de la UCD y del PSOE, es algo sobre el que han cubierto, no ya el velo, sino la manta del silencio y la ignorancia. Y es que PSOE y PP saben lo que es una reforma de la constitución de verdad, sobre el artículo 135, que es vecino próximo del 140, y es lo que, si quieren, de verdad, imponer su visión, deben hacer.
Se le preguntaba al PP por la posibilidad de pactar, de acuerdo de esta proposición de reforma de la ley electoral general al respecto de las alcaldías, y este terreno está muy complicado. Y es que, como decía Ricardo Martín en una piadosa televisión, dificilmente el PP va a lograr el apoyo del PSOE, al mismo tiempo que le acusa de aliarse con cualquiera para echar alcaldes del PP, hacer una ley que favorece claramente al PP. Y es que se ha sabido que si el PP hace esto es simple y llanamente por la presión que han ejercido barones territoriales por la pérdida de poder municipal, provincial y autonómico. Y, vive dios, el PP tiene que estar al mando si o si. Y si con la ley actual no lo puede estar, se busca otra ley con la que si lo esté. Y es que la propuesta viene con un aroma de aprobetxategi electoralista que no se la puede quitar. Porque viene de suyo. Por otro lado la respuesta de que Ciudadanos o Podemos no estén en el congreso, actualmente, no viene al caso. Ahora ya están en el senado. Y lo van a estar pronto en el congreso. Por tanto, negarse a hablar con ellos en cualesquiera reforma de calado que se quiera hacer, sería una rabieta de niño pequeño, un absurdo cortoplacista que no llevaría a nada, a nada bueno, al menos.
El estado español adolece de visión de estado, de estadistas, de gente que no mire a la próxima legislatura, sino a la próxima generación. Sólo así se puede entender que con cada cambio de gobierno, y es previsible que pueda suceder una vez más, el nuevo gobierno tumbe gran parte de las leyes del gobierno saliente. Y es que el gobierno saliente se vale de su mayoría, sobre todo cuando es absoluta, para tirar de rodillo, imponer su visión en sanidad, educación, servicios sociales, protección civil o lo que sea, sin contar apenas con la oposición, pretendiendo, a su vez, permanencia de dichos proyectos, cuando la mayoría parlamentaria sea otra. Y es un grave error, porque los proyectos de visión de país deben ser compartidos, con mayorías amplias que puedan superar mayorías coyunturales, que incluyan márgen de maniobra cualesquiera sea el futuro gobierno, como fue el espíritu constitucional.
Para las y los españoles, en ámbitos que van desde la economía a la educación, el marco general constitucional acoge posibles gobiernos de izquierda como de derecha, neoliberales o eurocomunistas, progresistas o conservadores, y para darse cuenta de ello no hay más que leer la propia carta magna, que permite la acción de una gran variedad de posibles gobiernos en materia económica y social. En el fondo, el PP, está quebrando ese principio, y seguramente, no es la primera vez que así sucede, de consenso constitucional en el que se fijan las reglas de juego. Una interpretación de la constitución que, conociendo que el Consejo General del Poder Judicial, y por ende los máximos dirigentes del Tribunal Supremo, así como los magistrados del Tribunal Constitucional, han sido elegidos por PP y PSOE, a través del congreso, el senado o el propio gobierno, no va a haber oposición a este hecho. No desde el punto de vista doctrinal. Se va a dejar desarrollar en el terreno de la disputa partidista. Si es que el PP, con sus fuerzas, a escasos meses de las elecciones, con el ingente trabajo de elaborar y aprobar los presupuestos de 2016, exigencia de Lagarde y Merkel, va a ser capaz de sacar adelante. Pero es que el fondo es la forma.
La constitución es meridianamente clara en cuanto a que el sistema en el marco del estado español es parlamentario. Se eligen concejales y esos concejales eligen al alcalde. Se alude por algunos, a que si la primera fuerza no obtiene la alcaldía es un fraude a la ciudadanía. Un pacto entre perdedores. Y se podrían poner muchos ejemplos. A favor de unos, como Badalona o Gasteiz en 2015, pero la Vega de Pas en 2011, Santurtzi en 2003 y tantos otros, que sería prolijo detallar, donde el PP, por si, o en acuerdo con otros, desbancó a la primera fuerza política municipal. Por lo tanto, como poco, no se pueden presentar con un historial de ser los más puros del barrio. Y es que, además, es fácil comprobar que a todas las fuerzas políticas municipales les votan ciudadanos, y en una elección justa, en buena lid, sin trampas previas, con claridad, transparencia, ni mentiras programáticas sobre acuerdos post electorales (lo cual no quiere decir que digan exáctamente su futura alianza si pasa esto o lo otro, sino simplemente, no mentir de lo que vas a hacer, y hacer lo otro) el sistema funciona. Y funciona bien. Pero, a veces, no funciona bien para el PP. Y la cuestión no es que funcione bien para el PP, sino como vehículo para expresar la voluntad de la ciudadanía. Y puede que la ciudadanía, la mayoría, quiera un gobierno diferente. La pregunta, es doble. Por un lado, como metabolizan que el dejar gobernar a Bildu en casi todos los municipios de Gipuzkoa en 2011 haya supuesto la derrota en muchos municipios en 2015, en favor, en este caso, de EAJ /PNV?Y segundo, si el PP es incapaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, habiendo quemado y roto puentes de comunicación, no es algo que debe analizar, metabolizar, el propio PP?
Mandato imperativo. Si quisieran hacer una reforma en serio, esto sería a lo que debieran ocuparse. Aunque, en este caso, debería ser una reforma constitucional. Artículo 67.2, por ejemplo. “2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.“ Y que supone esto? Doble vertiente. Por un lado, supone que cuando un diputado sale electo por Pontevedra, Alicante o Cuenca, deja de representar a esos territorios y representa al conjunto. Y luego hablarán de que quieren diputados que representen a los ciudadanos de tal o cual lugar. Pueden empezar con esto. Y segundo, por otro lado, sin mandato imperativo, están obligados a no cumplir con su programa electoral. Se les desliga completamente de su cumplimiento. Si se restituyera, su cumplimiento sería algo obligatorio, como si fuera un acta notarial. Así pues, el mandato imperativo puede ser una herramienta, una palanca, de acercamiento de la política a la ciudadanía. Pero no usarán esta. Van por la otra, la de una reforma inconstitucional, que subvierte el órden constitucional, aprovechándose de un resquicio dejado para los concejos abiertos, que los había, y muchos, hasta esta legislatura, para algo de interés estrictamente partidista. Cuando a otros se les ha acusado de estos procedimientos se les ha acusado de muchas cosas. Y lo dijo el PP. Ahora que lo hacen ellos, es de justicia que se les apliquen los mismos calificativos y epítetos. A igual causa, misma respuesta. Porque, de lo contrario, sería incurrir en desigualdad de trato. O no?
Arabatik 