El marco de las autonomías en el estado español no es una novedad en términos estrictos en la realidad del estado español. Sí lo es la obligación impuesta, sospechosamente, tras el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, y entre 1981 y 1983 de que todo el territorio del estado español fuera cubierto por entes autonómicos. Tantos años después cabría preguntarse si la descentralización de poder político, un marco federal o cuasifederal casi exclusivamente en el órden del gasto, ha tenido algún impacto positivo, y si ha servido a un verdadero fin positivo.
Seguramente meter todas las autonomías en el mismo saco sea un error. Seguramente el punto de inflexión no suele contarse ni exponerse, pues debería ser un punto controvertido en la historia reciente del estado español, y se pasa por encima sin el menor comentario, y sería el presunto fraude y posterior presunto desarrollo ilegal y anticonstitucional del hecho del referéndum andaluz en la provincia de almería el 28 de febrero de 1980, y que abrió de par en par las puertas al café para todos para las comunidades autónomas. Tal y como hoy las conocemos. Y es que el mayor motor de muchas acciones humanas ha sido la envidia. Porque el otro tenga, tenerlo uno. Puede sonar frívolo, pero el Guggenheim de Bilbao ha sido usado en varias ocasiones para justificar obras que en la precrisis se veían maravillosas y luego, cuando el dinero desapareció, se vieron completamente inútiles en la geografía española.
Ahora es el momento de sentar dos palabras como diferenciadas. Una es desconcentración. Otra es descentralización. Desconcentración es cuando una administración no quiere tener todo centralizado en una sóla ubicación, en una sóla ciudad, y quiere o pretende cubrir más territorio, o dar satisfacción a núcleos importantes (como en Andalucía las capitales que no son Sevilla), o dar servicios territorializados (como las delegaciones provinciales de las consejerías, pongamos el caso, de Castilla y León). Otra es la descentralización. Esta implica no sólo gestión y administración pública, sino la capacidad política de tomar decisiones autónomas, propias, sin contar con la otra administración que te ha reconocido esos poderes autónomos. Y es este hecho el que trasciende y debe encontrar por detrás una voluntad política regionalista o nacionalista que la aliente y le de soporte.
Quien tiene el dinero tiene el poder. En el país vasco se afirmó en 1980 que sin Concierto no hay Autonomía. Y es cierto. En estos tiempos de crisis, entre 2007 y 2015, el gasto público del estado sobre el conjunto de las comunidades autónomas ha crecido de un 35% a un 45%. Las comunidades son más dependientes hoy del estado que antes, con una deuda conjunta de las 15 de régimen común de casi 210 mil millones de euros. Y con una financiación, concerniente al 93% de la población del estado español que ha merecido ser calificada de satánica por Cristina Cifuentes, con una metodología, absolutamente inestable, que ha tenido en estas décadas hasta 7 metodologías, y que está pendiente de ser cambiada por completo, pues la vigente no gusta a nadie. Y ha sido parcheada sin el menor éxito. El muy popular gastar, pero impopular recaudar. Y quien recauda manda sobre en que se gastan los fondos. Es por ello que es fundamental cara a que políticas se quieren implementar. Y es la base de la política presupuestaria, que, dicen, es la ley más importante de un Parlamento.
Cuando se quiere autonomía, por la vía de la descentralización, la pregunta que cabe hacer es … para qué se quieren esos poderes. Neutralizando en el caso del estado español los hechos nacionales de Euzkadi, Catalunya y Galiza, y los impulsos descentralizadores de estos, cabe decir que quedan pocos impulsos endógenos, y de poco peso electoral, sobre todo si hablamos de formaciones no franquiciadas políticamente en Madrid, respecto a reivindicaciones propias de la tierra. Ponga usted los ejemplos. Cuando Santa Cruz quiso ser Comunidad Autónoma dentro de Bolivia que en su primera página de la propuesta de Estatuto de Autonomía citara los Estatutos de Euzkadi y Catalunya era mala señal de algo surgido de la reflexión y voluntad de los ciudadanos, sino de otras circunstancias políticas más ligadas al juego político en el estado boliviano y sus circunstancias. La respuesta del porque, del para qué, es importante y trascendente. Pues ser una entidad política con poder político propio, con capacidad de tomar decisiones debe venir para el sostenimiento de una preservación de una realidad política, cultural, social, económica, incluso mediambiental, que de otra manera, no podría ser guarnecida ni proyectada con seguridad hacia el futuro.
En el marco de la constitución española en ningún momento se sostiene que el estado tenga que ser un estado integrado por comunidades autónomas. Es más, miembros de partidos de ámbito estatal han confesado que la ampliación del marco autonómico fue una concesión a aquellos que veían unidos los conceptos de unidad y centralidad, como si los Estados Unidos no fueran una unidad, y gran parte de sus políticas no estuvieran residenciadas en los estados federados, como por ejemplo el hecho de que estos puedan decidir sobre drogas, matrimonio homosexual, pena de muerte … y las comunidades autónomas españolas no puedan decidir el horario de cierre de los establecimientos comerciales. Se dijo, tranquilos, que lo que tengan Euzkadi y Catalunya, las tendrán las demás. Y ese es el transfondo de pensamiento del café para todos, nefasto, tanto como el de 1833 con provincias y diputaciones. Y en la constitución se puede pensar que se contemplaba un marco de desconcentración y otro de descentralización. Había comunidades sin asamblea legislativa, sin órgano de gobierno más allá de un presidente de comunidad, y sin tribunal superior de justicia propios. Es un hecho, que pactos políticos entre partidos estatales, posteriormente, como “intérpretes” (usurpando funciones al TC) de la constitución, impusieron al resto.
Una democracia consolidada como la que se supone al marco del estado español se le supone maduro como para emprender en cada marco autonómico, y en el marco de la opinión pública, capacidad para generar un debate sobre la racionalización del marco autonómico, y de evitar, en lo posible, duplicidades. Ah, pero ojo, como dijo el cántabro Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria, si las políticas de Vivienda o de Fomento están transferidas, como las de Sanidad o Educación, casi en su totalidad, igual son esos ministerios, en tanto que entidades del gobierno del estado, las que deben de adelgazar su estructura, o incluso tender a la supresión, como sucede en algunos estados europeos, con total normalidad. Siempre que se considere que las entidades sub estatales, en el fondo, son también estado, y no ser tratadas como si fueran el gobierno de Andorra o Portugal, entes exógenos y enemigos. Aunque, también hay que decirlo, entes como el Parque de Eurodisney y otros, salieron del marco del estado español, por una competencia mal entendida entre instituciones. Y fábricas no se radicaron en Navarra en la segunda mitad del siglo XX, y se ubicaron en Vigo, Valladolid o Valencia por una clase dirigente más en clave corporativa que en la búsqueda de la prosperidad de un territorio, con un plan de progreso comunitario.
Acudir a las bases, a los fundamentos. No hay comunidad política sin comunidad humana que la sustente. Sin gente concienciada en el Ser para Decidir, saber a qué se pertenece para poder construir, gente con conciencia de si mismo, y de pueblo, es difícil que se pueda generar una estructura política que responda a unas directrices emanadas del pueblo. Y esto, si, es regionalismo o nacionalismo. Bien entendido, integrador, incluyente, estructurante, dotante de contenido y cuerpo social, económico y político de un territorio. Y es, en gran medida, lo que le falta al estado español. Sobre todo en aquellas comunidades en las que hay un elevado porcentaje que apuesta por el fin de las autonomías, por perder competencias en favor del estado, o, en el mejor de los casos, mantener un sistema como el actual. Esa ausencia de voluntad y creencia en un proyecto colectivo, que empieza en la persona y acaba en la gran familia de la comunidad es lo que permite una apatía por lo común, por lo político, y acabe disociando la realidad del hecho de que quien paga es quien manda sobre el hecho político de quien les gobierna. Pues, a fin de cuentas, es muy goloso una política de gasto populista, sin hacerse las dos preguntas fundamentales: 1) y esto cuanto cuesta, 2) y esto quien lo paga?
En el marco de la UE hay un principio que se llama Subsidiariedad. A veces la UE es interpelada para lo malo, obviando muchas cosas buenas. Como cuando muchas obras, infraestructuras y ayudas sociales, en el marco autonómico, o estatal, entre 1986 y 2016, aunque el cartel de obra diga lo contrario, ha sido financiado con dinero proveniente de los contribuyentes de Alemania, Holanda, Finlandia o Austria. Por contraponer ese hecho a otras cuestiones menos agradables cuando se han sucedido los rescates. Y es que cuando se presta a un estado para economía productiva, aún en tiempos difíciles, pues bueno, se estudia, pero si el déficit y la deuda es para, pongamos, hacer la compra semanal en el mercadona o en el eroski, ah, amigo, ahí está el problema. La subsidiariedad debería funcionar en estado español en el sentido de que cuanto más apegada a la gente y al nivel más micro, local, mejor para la política, para la gente, y para la democracia.
Junto a las políticas de gasto, debiera haber un federalismo de ingreso. La pregunta que se puede hacer es, el marco del sistema de concierto y convenio son extensibles a otras comunidades? La respuesta es tan obvia que la dijo hace unos años Carlos Salvador, de UPN, SI. Para quien quiera. Tan es así que en 1980 en abril una reunión entre el Sailburu vasco, Conseller catalán y Ministro español, los 3 de economía, se puso sobre la mesa un Concierto para Catalunya, que esta rechazó por lo impopular y arriesgado del asunto de recaudar impuestos. Y es que el pago a hacer, anualmente, es fijo en gran medida, independientemente de si se recauda o no, si es mayor o menor, es un sistema de riesgo, un riesgo asumido, bajo aquel principio de Gandhi de que es preferible un gobierno, aún malo, propio, que uno bueno, pero extranjero. Para que funcione, entre otras cosas, es necesaria una administración transparente, y honesta, y una ciudadanía concienciada de su exigencia fiscal, pues cualquier infracción, cualquier desvió, no repercute en perjuicios a miles de kilómetros, sino al vecino de al lado, en servicios y productos tangibles. Los beneficios de que el sistema funcione están al servicio y la vista de todas y todos.
Así pues, si las autonomías parecen tener retos profundos, retos difíciles, incluso, se van poniendo las bases para su suestionamiento, no ya sobre el hecho directo, sino sobre sus bases estructurales, esto es, dos vías, las grandes, las de la financiación, por su endeudamiento y la gestión posterior del mismo, en el marco de las 15 comunidades de régimen común, y de recentralización en base a leyes, decretos, y demás instrumentos admnistrativos y políticos, que recortan poder de decisión a las comunidades autónomas, hay 3 elementos a fin de dar un fin a las comunidades: la subsidiariedad, esto es, que las decisiones surjan de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, que es el modelo tradicional del jacobinismo del nacionalismo español, excluyente, integrista, y que se niega a si mismo. Las otras dos son, en parte, ya citadas, en primer lugar, un poder político, regionalista o nacionalista, que se reivindique en lo intelectual, que de razón de ser, de sentir, de dar un marco de referencia a esa comunidad, pues marcos territoralizados sub estatales hay en muchos sitios, pero debe haber ese plus, que dote de contenido a una descentralización, si no se quiere un retorno, o una revisión si se quiere, hacia una desconcentración. Y la otra, sin duda, es una ciudadanía que quiera Ser para Decidir. Que asuma sus derechos políticos con seres humanos, individualmente, y como miembros de una colectividad, asuman que esa colectividad está dentro de otra nación superior con rango de estado, o parte de una nación, que con otras forman un estado compuesto, que sin duda lo es, el estado español.
El actual model territorial del estado español, en un estado normal de la UE, no debería seguir sin modificarse mucho más tiempo. No debería, pero el estado español es especialista en no tocar los problemas problemáticos y más graves, dejarlos sin solución, hasta que se acaban por pudrir y ya se tornan en irresolubles. Es imperativo ir hacia otro modelo, federal o confederal, el término es lo de menos, lo importante es el contenido. Sacar las mejores lecciones del modelo autonómico, y advertir, sin apriorismos de ninguna clase, los errores que no hay que volver a cometer. Y asumir, sobre todo, que se haga lo que se haga, tiene que ser en pos del bienestar de una ciudadanía, en sus derechos cívicos, individuales y colectivos, como indican los tratados firmados por España y que están referenciados en el artículo 10 de la vigente constitución de 1978. Y, obviamente, no acabar con las autonomías, pero si, las que haya, conocer con realismo el fin de esos marcos autonómicos.
Arabatik 